Manifestantes piden que Mazón "no quede impune" por la dana: "Estamos aquí para que no se le aplique el aforamiento"

La magistrada encargada de la investigación sobre la gestión de la dana celebrada el 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana decidió citar a declarar a Carlos Mazón como testigo y le dio la opción de entregar el registro de sus llamadas y mensajes relacionados con la emergencia de esa fecha. Este avance produjo entre las víctimas una sensación de esperanza al interpretar la decisión judicial no como una resignación sino como un paso adicional en su demanda de justicia, según consignó el medio que cubrió la manifestación convocada en Valencia.

De acuerdo con la información publicada, la protesta reunió a los principales colectivos de afectados por la dana, quienes recorrieron el centro de Valencia bajo el lema “Mazón a presó”. Las asociaciones explicaron que el objetivo de la marcha fue exigir avances judiciales concretos y pedir que el ex presidente de la Generalitat no se beneficie del aforamiento parlamentario, alegando que este mecanismo solo sirvió para otorgarle protección política y judicial sin asumir responsabilidades. El contexto inmediato de la movilización corresponde a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que recientemente rechazó investigar a Mazón por considerar que no tenía un deber u obligación legal específica para actuar durante la emergencia, aunque calificó de “reprobable” su comportamiento tanto a nivel social como político.

Según detalló el medio, los manifestantes llevaron pancartas y consignas en las que demandaron “verdad, justicia y reparación”, acusando al ex jefe del Consell de eludir su responsabilidad ante una tragedia que dejó al menos 232 víctimas mortales. Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, expresó a los periodistas que el auto del TSJCV resultó “vergonzoso”, ya que consideró que ninguneaba el papel y la responsabilidad institucional que corresponde a la máxima autoridad autonómica en situaciones de desastre. En sus declaraciones, Gradolí reiteró que las asociaciones mantendrán la presión social hasta que la justicia reconozca su versión de los hechos y haya una reparación a las familias afectadas.

El medio informó que Rosa Álvarez, representante de la Associació de Víctimes Mortals DANA, insistió en la petición central de retirar el aforamiento a Mazón, al considerar insostenible que permanezca protegido después de las numerosas comparecencias y testimonios aportados en el proceso. Álvarez también planteó dudas sobre la objetividad del TSJCV debido a la relación percibida entre sus miembros y el ex mandatario autonómico. Manifestó, en referencia al apoyo institucional y judicial recibido por la jueza encargada del caso, la determinación de los colectivos para continuar trabajando con perseverancia en busca de justicia para sus familiares fallecidos.

El dolor, la incredulidad y la pérdida irreparable formaron parte de los testimonios recogidos por el medio, como el de Álvarez, quien relató que muchas familias lo habían perdido todo y que la ausencia de respuestas institucionales incrementaba su sufrimiento. Esta percepción quedó reforzada durante la lectura del manifiesto final de la protesta, en la que las asociaciones convocantes recordaron que desde hacía 17 meses mantenían movilizaciones regulares para llamar la atención sobre lo que consideraban una negligencia gubernamental durante la catástrofe, la cual había convertido un fenómeno natural en una tragedia humana.

Elizabeth González, vicepresidenta de la Asociación de Damnificados Dana-L'Horta Sud, se sumó a las críticas contra el mantenimiento del aforamiento y expresó el respaldo de los damnificados a la instructora del caso, defendiendo la integridad y el rigor del proceso judicial que se sigue en Catarroja. González indicó que los colectivos no dejarían de movilizarse hasta conseguir que la justicia avance sobre todas las instancias necesarias.

Durante la manifestación, los asistentes corearon lemas como “No son muertos, son asesinados” y exhibieron fotografías de las víctimas, así como pancartas donde reclamaban más justicia, transparencia y dimisiones políticas. De acuerdo con el medio, uno de los mensajes lanzados fue que la catástrofe resultó agravada por la supuesta dejación de funciones del Consell, en general, y de Mazón, en particular, a quien responsabilizan directamente de la magnitud de las consecuencias. La dimisión de Mazón en noviembre de 2024 se presentó como la primera victoria de los colectivos, aunque subrayaron que sus demandas continúan, ya que mantienen que el ex mandatario conserva su escaño de diputado y los privilegios asociados.

La manifestación finalizó con una crítica a la falta de transparencia en las instituciones y denunciando que la vida de la ciudadanía y especialmente de la clase trabajadora se había visto comprometida en beneficio de otros intereses. Los convocantes manifestaron que, de ser necesario, proseguirán su lucha por cauces legales hasta instancias europeas, reclamando que ni la protesta ni la investigación caigan en el abandono.