La investigación de la Guardia Civil sobre la recepción de distintos envíos de material químico procedente de Valencia y Polonia permitió acreditar que el encausado practicaba una serie de medidas orientadas a eludir la acción policial. Así lo detalló Europa Press, que accedió a la información ofrecida por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Con base en estos indicios y tras varios meses de pesquisas, la Audiencia Provincial de Burgos dictó una condena de once años de prisión y una multa de 600.000 euros a un hombre identificado como A.C.R., acusado tanto de depósito de explosivos y sustancias inflamables como de tráfico de drogas en modalidad de notoria importancia.
El fallo judicial, según publicó Europa Press, atribuye cuatro años de reclusión al delito relacionado con explosivos y siete años a los hechos vinculados al tráfico de estupefacientes. La sentencia considera probado que el procesado almacenaba sustancias y materiales susceptibles de provocar daños significativos, tras la intervención realizada por la Guardia Civil en marzo de 2024, cuando interceptaron su vehículo en la autovía A-1 a la altura de Lerma.
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Durante ese operativo, según reportó Europa Press, los agentes localizaron seis kilogramos de ‘speed’ ocultos bajo los asientos traseros del automóvil del acusado. Posteriormente, los registros llevados a cabo en sus inmuebles dieron como resultado la incautación de más de 25 kilogramos de diferentes tipos de drogas, cuyo valor de mercado supera los 398.000 euros.
En cuanto al material explosivo, la información difundida por Europa Press especifica que las autoridades decomisaron una considerable cantidad de sustancias químicas sujetas a control, entre ellas perclorato potásico, ácido sulfúrico y nitrato de sodio. Además, la inspección permitió detectar otros componentes como polvos de aluminio, magnesio y acetona, todos identificados por su potencial para la confección de mezclas altamente peligrosas, entre ellas el TATP, conocido también como ‘madre de Satán’.
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El tribunal detalló, según Europa Press, que el procesado disponía de equipamiento de laboratorio especializado para realizar las reacciones químicas necesarias en la elaboración de estos explosivos. En las viviendas se encontraron 91 metros de mecha y más de un kilogramo de pólvoras terminadas, ambas clasificadas como objetos explosivos listos para ser utilizados.
Durante la fase de instrucción y en el propio juicio, recogió Europa Press, el acusado negó los hechos que se le atribuían. Sin embargo, la Sala basó la condena en las pruebas derivadas tanto de las vigilancias operativas como de los envíos de precursores detectados a lo largo de la investigación. La sentencia presta especial atención a las precauciones adoptadas por el acusado, cuya intención, según el Tribunal, era dificultar cualquier actuación policial en su contra.
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Como parte de la resolución, la Audiencia de Burgos también decretó el decomiso y la destrucción inmediata de todas las sustancias incautadas, abarcando tanto los estupefacientes como los componentes químicos y explosivos localizados. Junto a la pena privativa de libertad y la multa, se impuso el pago de las costas procesales generadas durante todo el procedimiento.
Según la información difundida por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y recogida por Europa Press, esta sentencia aún no es firme. La defensa puede interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
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