El jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, se sumó a la causa judicial por el colapso de la pasarela costera de El Bocal en Santander, un accidente ocurrido el pasado 3 de marzo que resultó en la muerte de seis jóvenes y lesiones para una superviviente. Según informó Europa Press, Osorio figura entre los funcionarios contra quienes la magistrada dirige ahora la acción penal, al considerar que la administración central tenía la responsabilidad exclusiva de asegurar la conservación y mantenimiento de la estructura que colapsó.
De acuerdo con Europa Press, este viernes comenzaron las primeras declaraciones dentro del procedimiento de instrucción. Las comparecencias iniciaron hacia las 9:30 de la mañana y se extendieron durante algo más de tres horas y media, llevando a testigos y a investigados ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Santander, en el complejo judicial de Las Salesas. Estas vistas transcurrieron a puerta cerrada y finalizaron poco antes de las 13:10 horas.
En el procedimiento ya intervienen trece partes personadas. Ocho de ellas corresponden a los siete jóvenes afectados: la superviviente, los familiares de las seis personas fallecidas, y un representante legal adicional para uno de los casos. Además, se han unido la Fiscalía, el Ayuntamiento de Santander y la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Tanto el consistorio como la dirección general se presentan como partes interesadas y como posibles responsables civiles. También están personados el propio jefe de la Demarcación de Costas y la agente de la Policía Local que fue la primera investigada en la causa.
La policía local en cuestión fue imputada tras determinarse que no gestionó ninguna actuación después de recibir un aviso, el día anterior al siniestro, sobre el mal estado de la pasarela. Según señaló Europa Press, la apertura de un expediente informativo y sancionador en el Ayuntamiento de Santander quedó paralizada mientras avanza la investigación judicial, y la agente continúa de baja médica desde el día del accidente.
Las declaraciones del viernes incluyeron a la agente policial mencionada, así como a varios testigos: los dos ciclistas que reportaron el accidente, un vecino de Monte que avisó sobre la peligrosidad de la pasarela en la víspera del colapso, la gestora del 112 que recibió dicha alerta, miembros de la Policía Científica encargados de la inspección ocular tras el suceso y una representante de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte. La magistrada instructora solicitó a la Policía Judicial recopilar testimonios y quejas sobre el mantenimiento del paso colapsado.
Según detalló Europa Press, las comparecencias se sucedieron en el siguiente orden: primero declaró uno de los ciclistas presentes en el lugar y alertantes del 112, acompañado por su esposa, durante menos de media hora. Luego lo hizo el segundo ciclista, en una intervención de unos diez minutos. Más tarde compareció el vecino de Monte que advirtió sobre el deterioro de la estructura, acompañado de su esposa, quien también prestó testimonio por más de treinta minutos.
Hacia las 10:45 llegó al complejo judicial la operadora del 112 que recibió el aviso y trasladó la información a la Policía Local. Esta trabajadora del servicio de emergencias permanece de baja y mostró afectación personal por el caso; acudió con asesoría legal tras indicación judicial, ya que su condición podía pasar de testigo a investigada al término de su declaración. Su intervención duró aproximadamente cuarenta y cinco minutos; fue acompañada al juzgado por una docena de compañeros y por el director del Servicio de Emergencias de Cantabria, Samuel Ruiz. Según consigna Europa Press, el 112 en Cantabria gestiona entre setecientas y ochocientas llamadas diarias.
La declaración de la policía local investigada se adelantó respecto al horario original y ocupó unos cuarenta minutos. Posteriormente, los miembros de la Policía Científica citados para reconstruir la inspección de la pasarela permanecieron en sala quince minutos. Finalmente, la portavoz de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, Marisa Maliaño Toca, testificó durante algo más de media hora. Únicamente Maliaño, al concluir su comparecencia, hizo declaraciones a la prensa.
El procedimiento mantiene la atención sobre la responsabilidad administrativa en relación con el accidente. La magistrada considera que la administración central debía haber garantizado el correcto mantenimiento de la pasarela que cedió. Europa Press subraya que las comparecencias de esta fase buscan esclarecer tanto la secuencia de avisos previos como la respuesta de las autoridades implicadas en la gestión y conservación de la infraestructura.[^1]
[^1]: Europa Press
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