
La filtración de audios reservados relacionados con el apagón eléctrico y difundidos a medios de comunicación tuvo, según la denuncia del PSOE, un impacto directo en la comparecencia de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, ante la comisión de investigación del Senado. El partido sostiene que la exposición pública de estos materiales, considerados confidenciales, afectó el desarrollo de dicho acto parlamentario. De acuerdo con la información publicada por el medio, la denuncia presentada por el PSOE va dirigida a la supuesta actuación de miembros del Partido Popular en la Cámara Alta.
Según consignó el medio, los socialistas formalizaron la denuncia mediante un escrito enviado al presidente de la comisión de investigación sobre el apagón eléctrico, en el que señalan una vulneración del deber de confidencialidad tras la divulgación de fragmentos textuales de los audios considerados reservados. El PSOE comunicó que se reserva el derecho de iniciar “cuantas acciones parlamentarias y legales resulten oportunas”, al considerar que los hechos pueden implicar consecuencias jurídicas y disciplinarias.
El medio detalló que la documentación en cuestión había sido remitida por Iberdrola e incluía comunicaciones con Red Eléctrica de España. Esta información fue clasificada como reservada por acuerdo de la Mesa de la comisión y, para protegerla, se adoptó un protocolo de custodia reforzado, con medidas como el acceso restringido a los expedientes, el control presencial de las personas autorizadas, la retirada de dispositivos electrónicos y el almacenamiento seguro del material en dependencias del Senado. El objetivo de este protocolo fue garantizar la confidencialidad e impedir la circulación no autorizada de la información incluida en el expediente parlamentario.
El PSOE argumentó, según publicó el medio, que la divulgación de los audios representa una “quiebra evidente” del compromiso de confidencialidad que rige para los representantes con acceso a material reservado. En el texto dirigido a la comisión, la formación subrayó que “estamos ante unos hechos de extrema gravedad que no solo vulneran el funcionamiento interno de la comisión, sino que pueden suponer un incumplimiento de los deberes legales de custodia y confidencialidad exigibles a los responsables públicos”.
La denuncia también advierte, según la información aportada por el medio, que la revelación de información protegida puede dar lugar a responsabilidades de carácter político, disciplinario e incluso penal. El PSOE aludió a la posible comisión de delitos relacionados con la revelación de secretos por parte de autoridades o funcionarios, en función del contenido compartido y la presencia de normas legales que exigen confidencialidad en el tratamiento de documentos reservados.
El desarrollo de la investigación parlamentaria sobre el apagón, según puntualizó el medio, se ha visto alterado por la publicación de las transcripciones reservadas, lo que ha motivado un debate sobre los límites de la función parlamentaria y la protección de la información clasificada. La Mesa de la comisión, como órgano supervisor del acceso y custodia de los expedientes, fue la encargada de establecer las medidas para mantener la confidencialidad que, a juicio del PSOE, quedaron gravemente comprometidas tras la filtración.
Este conflicto abre la posibilidad de acciones adicionales tanto dentro del ámbito parlamentario como en el judicial, según manifestó el partido afectado, que no descarta elevar la denuncia a instancias jurídicas a raíz de las presuntas infracciones cometidas por los representantes implicados en la divulgación de contenidos protegidos.

