Madrid, 27 mar (EFE).- Amnistía Internacional y SOS Racismo han pedido este viernes prohibir por ley las redadas racistas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una práctica que sufren a menudo las personas racializadas, tras la detención ayer del activista antirracista Serigne Mbaye.
La Policía Nacional detuvo ayer al exdiputado de la Asamblea de Madrid y secretario de Antirracismo de Podemos por, según la versión de los agentes, enfrentarse a ellos para tratar de impedir la detención de un sospechoso y este quedó en libertad horas después, denunciando que se trataba de un caso de racismo "puro y duro".
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La ONG Amnistía Internacional ha anunciado que hará una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en la detención de Mbaye y otros vecinos, entre ellos un periodista del diario El Salto, en el bario madrileño de Usera (Madrid).
El responsable de investigación de la entidad, Daniel Canales, ha alertado de que las imágenes muestran a Mbaye junto a otro vecino boca abajo en mitad de la calzada, inmovilizado con la rodilla de un agente sobre su espalda.
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"Este tipo de maniobras de alta intensidad conllevan riesgos para la integridad y resultan excesivas respecto de personas ya bajo control, que no están ni estaban ejerciendo violencia grave", ha detallado.
Amnistía ha exigido prohibir las identificaciones por perfil racial de forma expresa modificando el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana e introduciendo los denominados formularios de parada, que permiten identificar prácticas discriminatorias.
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Por su parte, la presidenta de SOS Racismo Madrid, María Bennouna, ha señalado en declaraciones a EFE que el de ayer fue un caso de "acoso y persecución policial" que Mbaye ya llevaba tiempo denunciando en sus redes sociales y un "clarísimo ejemplo de racismo policial".
Y lo es, argumenta, porque, a pesar de la versión de los agentes, no había ningún motivo para detener al activista más que ejercer "una forma de hostigamiento y de persecución por su activismo político y antirracista", ya que los agentes sabían perfectamente quién era.
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Bennouna ha subrayado que no es un caso aislado porque estas actuaciones se repiten "a diario" en determinados barrios con más personas migrantes o racializadas, como Lavapiés (Madrid).
Desde esta asociación han pedido que el Gobierno su responsabilidad de este racismo institucional porque, si no, no se podrán hacer políticas públicas en contra de estas actuaciones y ha demandado que se investigue a los policías que participaron en la actuación y se les expulse del cuerpo si es necesario.
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Por su parte, Red Acoge ha coincidido en calificar los hechos como un caso de "acoso y hostigamiento" a las personas racializadas a través de controles policiales por perfil racial, que han sido denunciados por organismos de Naciones Unidas, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o el Consejo de Europa.
Ha recordado que tanto el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU como el Defensor del Pueblo ha instado a España a tomar medidas para poner fin a estas prácticas pero el Ministerio del Interior sigue haciendo "oídos sordos" y mantiene esta medida discriminatoria.
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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a través de sus redes sociales, ha rechazado contundentemente estas "detenciones violentas", que considera la "punta del iceberg" de la realidad que las personas migrantes, refugiadas y racializadas enfrentan a diario.
E Irídia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos también ha denunciado en redes que esta actuación "violenta y desproporcionada" de la Policía no es un caso aislado y ha aplaudido la respuesta de los vecinos, al intentar parar la actuación y grabar las imágenes, que han sido y serán "clave" para aclarar lo ocurrido. EFE
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