Sánchez reprocha a Sumar que hace "flaco favor" al Ejecutivo minusvalorando las medidas de vivienda de la legislatura

Durante una intervención en el Congreso, Pedro Sánchez instó a Sumar, su socio en el Ejecutivo, a reconocer el conjunto de políticas impulsadas en materia de vivienda. Según consignó el medio original, el presidente del Gobierno hizo hincapié en que atribuir el éxito exclusivamente a la prórroga de los contratos de alquiler no reflejaba de forma precisa todos los esfuerzos realizados durante la legislatura. Sánchez remarcó que este enfoque no solo desvía la atención de los logros generales del Gobierno, sino que, al no valorarlos en su conjunto, se convierte en un “flaco favor” para el Ejecutivo.

De acuerdo con la información publicada, el jefe del Ejecutivo dirigió estas palabras en respuesta a una intervención de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero. Martínez Barbero había señalado en su intervención la importancia del impulso de sus ministros para lograr la aprobación, mediante decreto, de la prórroga de alquileres, y expresó que existieron resistencias en el sector socialista del Gobierno para sacar adelante esta medida. Sánchez tomó la palabra posteriormente para matizar que Sumar parecía centrarse en la validación de este decreto, cuando, según su planteamiento, la responsabilidad principal del Gobierno radica en entregar a las comunidades autónomas las herramientas necesarias para facilitar la bajada de precios de compra y alquiler en el ámbito de la vivienda.

El medio original detalló que Sánchez pidió a Sumar una actitud de mayor equilibrio en sus críticas. Exigió que los reproches que en ocasiones dirigen al PSOE por parte de su socio de coalición se extiendan, y con mayor razón, a los gobiernos autonómicos encabezados por el Partido Popular (PP), que según el mandatario no estarían aplicando la Ley estatal de Vivienda. Insistió en que son precisamente estas administraciones quienes se niegan a implementar la normativa nacional, a pesar de que la legislación delega en las autonomías mecanismos para atenuar la presión sobre los precios, tanto de compra como de alquiler.

Durante su exposición, según reportó la fuente, Sánchez subrayó que el índice de referencia de precios recogido en la ley de vivienda ha conseguido que un total de 308 municipios sean designados como zonas tensionadas. Este dato, explicó el presidente, ilustra la magnitud del problema y la dimensión de las actuaciones acometidas por el Ejecutivo, así como la necesidad de que las administraciones autonómicas hagan uso efectivo de los instrumentos previstos en la legislación.

El medio original informó que Sánchez defendió la legitimidad de las críticas de Sumar, reconociendo que la vivienda representa una prioridad para una parte significativa de los ciudadanos en España. Sin embargo, matizó que considera necesario que, junto a las demandas y reclamaciones, se ponga en valor todo el trabajo que realiza el Gobierno central, ya que, según sus palabras, “es de justicia reivindicar lo que está haciendo el Gobierno de España”.

La información recopilada señala que el presidente sostuvo que se está promoviendo un cambio notable respecto a las políticas de vivienda gestionadas por administraciones anteriores. Dentro de las actuaciones destacadas, destacó la entrada en vigor de la Ley estatal de Vivienda y el aumento de la inversión pública prevista en este sector para 2025, que ascenderá a 3.483 millones de euros. A este incremento presupuestario se suman otras medidas como la utilización de fondos europeos para la rehabilitación, transferencias de recursos económicos a las comunidades autónomas y la puesta en marcha de iniciativas como la nueva entidad estatal ‘Casa 47’, concebida para ampliar la oferta pública de viviendas.

El medio original apuntó también que Sánchez insistió en que los aliados en el Gobierno deben ser coherentes en sus reproches, sobre todo cuando el Partido Popular, desde el ámbito autonómico, rehúsa a aplicar una normativa destinada a hacer más accesible el acceso a la vivienda. Según el presidente, aumentar esta presión favorecería la credibilidad de los socios de la coalición en el debate público sobre vivienda y permitiría una defensa más sólida de las políticas desarrolladas por el Ejecutivo durante la legislatura.

A lo largo de su comparecencia, Sánchez dejó claro que, aunque entiende y considera legítima la exigencia de medidas ambiciosas, debe reconocerse el giro estratégico y los recursos movilizados para atender la problemática, reiterando la relevancia de articular críticas dirigidas no solo al socio mayoritario del Gobierno sino también a aquellas administraciones autonómicas que, disponiendo de las herramientas normativas, optan por no ejecutarlas.