
El acusado, recluido en prisión provisional desde diciembre de 2024, ha reconocido su responsabilidad en la muerte de un hombre de 34 años cuyo cadáver fue localizado en las cercanías del torrente de Coanegra, en Palma. Tras admitir su culpabilidad y consignar 35.000 euros como indemnización destinada a la madre de la víctima, el caso ha avanzado sin la intervención de un jurado popular, según reportó la Audiencia Provincial de Baleares y recogió el medio correspondiente.
De acuerdo con la información publicada por los medios, la sentencia resultante establece una condena de 13 años de prisión tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. El proceso judicial evidenció que el acusado y la víctima mantenían una relación sentimental y que la agresión se produjo de forma sorpresiva. Según consignó la Fiscalía, el procesado golpeó a la víctima en la cabeza con una piedra, impidiendo cualquier tipo de defensa, lo que llevó a modificar la inicial calificación de los hechos a delito de asesinato.
En un principio, la Fiscalía solicitaba una pena de 15 años de prisión al considerar que se trataba de homicidio, mientras que la acusación particular reclamaba 25 años bajo la premisa de que los hechos constituían asesinato. Durante la resolución del caso, el fiscal optó por agravar la tipificación penal al reconocer la naturaleza sorpresiva y letal del ataque, encuadrando el delito como asesinato, a la vez que introdujo la atenuante muy cualificada de reparación del daño dado el abono de la indemnización. Esta circunstancia permitió reducir la petición de pena a 13 años, explicó el Ministerio Público, informó la Audiencia Provincial de Baleares.
El medio detalló que ambas partes, acusación y defensa, aceptaron la petición revisada y la magistrada dictó la sentencia de manera oral, acordando que se descuenten de la condena los meses ya cumplidos en prisión preventiva por el acusado. Además, ninguna de las partes planea recurrir la decisión, de modo que la sentencia, que será plasmada por escrito en los próximos días, devendrá firme.
Los hechos, según publicó la fuente, se remontan a diciembre de 2024, cuando el hallazgo de un cadáver con claras lesiones en la cabeza puso en marcha la investigación de la Guardia Civil. Los primeros indicios apuntaron a una muerte violenta provocada por el impacto de una piedra, lo que orientó la investigación hacia el entorno personal del fallecido. Poco tiempo después, los agentes detuvieron al sospechoso y fue ingresado en prisión provisional por orden judicial.
Además, el proceso judicial se desarrolló sin la constitución del jurado popular previsto inicialmente, tras alcanzarse el acuerdo entre las partes y el reconocimiento expreso de los hechos por parte del acusado. Según el relato de la Audiencia Provincial, el pacto judicial evitó la celebración del juicio completo y facilitó la resolución mediante el consenso entre Fiscalía, acusación particular y defensa, todo ello bajo la presencia de la magistrada encargada del caso.
Con este procedimiento, el responsable del crimen resultó condenado y la familia de la víctima percibirá la indemnización fijada. Según detalló la información recogida por la Audiencia Provincial, la cercanía entre la víctima y el acusado constituye un factor importante en la reconstrucción de los hechos, enmarcando la agresión en el contexto de una relación personal preexistente.
La sentencia contempla el abono de la compensación económica y la reducción de la condena por la reparación del daño, lo que según el fiscal determina la cualificación de la atenuante. El tiempo pasado en prisión provisional desde diciembre de 2024 será deducido del total de la pena carcelaria, conforme a lo dictado por la autoridad judicial.
Diversos elementos probatorios recabados en la investigación inicial, como las contusiones presentadas por el cuerpo y la ausencia de señales de defensa, sostienen la calificación jurídica de asesinato expuesta por el fiscal. La resolución judicial queda cerrada tras el acuerdo entre todas las partes, condición que contribuye a la firmeza inmediata de la sentencia, según se desprende de los datos aportados por la Audiencia Provincial de Baleares.
