Del Rivero pide la dimisión del presidente de BBVA y de seis consejeros antes del juicio por el 'caso Cenyt'

Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso y afectado por el caso de espionaje relacionado con el excomisario José Manuel Villarejo, ha solicitado la dimisión de varios integrantes de la alta dirección del BBVA antes del inicio del juicio oral por el conocido ‘caso Cenyt’. Según publicó el medio, Del Rivero dirige esta petición contra el actual presidente del banco, Carlos Torres, y seis miembros del consejo de administración, todos ellos con cargos que se remontan a fechas anteriores a la revelación pública del escándalo Villarejo. Con este reclamo, el empresario plantea un movimiento preventivo para reducir posibles daños reputacionales a la entidad.

La petición de Del Rivero, reportada por la prensa, implica a José Miguel de Andrés, Jaime Caruana, Belén Garijo, Lourdes Máiz, Ana Peralta y Jan Verplancke, además de Torres, quienes, en palabras de Del Rivero, deberían considerar si no sería beneficioso para la entidad “dar un último servicio” antes de la vista judicial. “Deberían de pensar si no es bueno que, para ese juicio oral que viene próximamente, dieran un último servicio al banco dando quizá un paso atrás”, sostuvo Del Rivero, declaraciones recogidas por el medio. En su intervención, sostuvo que las recientes renovaciones en la cúpula del banco han estado condicionadas por las derivaciones del caso Villarejo, subrayando la conexión directa entre los cambios directivos registrados y el proceso judicial en cuestión.

El ‘caso Cenyt’ tiene su origen en la contratación, por parte del BBVA, de la empresa de Villarejo, Cenyt, que según detalla la información periodística, habría recibido el encargo de evitar que Sacyr Vallehermoso, presidida entonces por Del Rivero, lograra tomar el control accionarial del banco. Del Rivero compareció como perjudicado por este operativo ante la Audiencia Nacional, dentro de la rama número 9 del conocido como ‘caso Villarejo’. Según consignó el medio, el alcance de las pesquisas se centra en la presunta comisión de delitos vinculados al encargo de seguimientos, interceptaciones y obtención de información de forma ilícita.

La Fiscalía Anticorrupción, de acuerdo con el reporte, solicita para el expresidente del BBVA, Francisco González, una condena de 173 años de prisión por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos, ambos en el contexto de la contratación del comisario jubilado Villarejo entre 2004 y 2006, cuyo objetivo habría sido frenar operaciones hostiles hacia la entidad. Junto a la petición de cárcel, el Ministerio Público reclama una multa de 181 millones de euros para la entidad bancaria, argumentando el beneficio que habría obtenido de los encargos ilegales.

El medio detalló que el 20 de febrero la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento tanto de BBVA como de Francisco González y otros exdirectivos, al identificar indicios suficientes para mantenerles imputados por los hechos investigados. Las decisiones de la Sala abren la vía para que se celebre pronto el juicio oral, en el que se valorarán las pruebas recabadas durante años de instrucción y la posible responsabilidad de cada implicado.

En sus declaraciones, Del Rivero insistió en el impacto que mantienen estos procesos sobre la imagen y el gobierno corporativo del banco. Recordó que los movimientos en el consejo de administración acontecidos en los últimos años han venido dados precisamente por la influencia del desarrollo judicial en torno al ‘caso Villarejo’. Según recoge el medio, para Del Rivero este próximo juicio oral representa una oportunidad para que los altos cargos señalados adopten medidas que permitan distanciar al banco de los hechos bajo investigación, al menos durante la duración del procedimiento.

La intervención de Del Rivero se suma a un contexto en el que las responsabilidades jurídicas y las potenciales consecuencias económicas y reputacionales para la entidad continúan bajo análisis, conforme se acercan las fechas clave del proceso judicial. Las autoridades judiciales han profundizado en la investigación de la relación contractual entre BBVA y Cenyt, con el foco puesto en el modo en que la cúpula del banco gestionó los encargos a Villarejo y la información obtenida y distribuida en ese periodo. De acuerdo con el medio, la posición de Del Rivero se basa tanto en su condición de accionista como en su papel como figura afectada directamente por las actuaciones encargadas a Villarejo.

El juicio oral, al que se refirió Del Rivero en su petición, concentrará la atención sobre la operativa interna de BBVA a lo largo de los años objeto de investigación, examinando la implicación de los entonces altos cargos y el posible lucro y conocimiento de las actividades ilícitas. Los argumentos presentados hasta ahora por la Fiscalía y por la acusación particular giran en torno a la contratación de Villarejo y las consecuencias derivadas de sus investigaciones durante la disputa accionarial entre BBVA y Sacyr Vallehermoso.

El llamado de Del Rivero para que los consejeros se aparten antes del juicio se enmarca dentro de la estrategia de algunas partes de solicitar medidas que puedan mitigar el impacto de la crisis reputacional sobre el banco mientras continúa el procedimiento. Según consignó el medio, la perspectiva del empresario apunta a salvaguardar tanto los intereses de los accionistas como la estructura directiva del banco ante el escrutinio judicial al que se someterán las decisiones pasadas relativas a la seguridad y la información corporativa.