Asociación militar reclama que la profesión se considere de riesgo ante la situación de las tropas en Líbano e Irak

La evolución del conflicto en Oriente Próximo y la amenaza constante sobre las tropas desplegadas en la zona han motivado que más de 200 militares españoles estén a la espera de evacuación de Irak, mientras unos 100 ya lograron salir como parte de una adaptación de la misión de la OTAN. En este contexto, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad y el riesgo al que se enfrentan quienes se encuentran desplegados en escenarios bélicos, situando la demanda de reconocimiento legal de la profesión militar como tema central del debate. Según informó la propia AUME, la escalada de tensión en países como Líbano e Irak incide directamente en el nivel de exposición al peligro de las Fuerzas Armadas españolas.

Tal como publicó la Asociación Unificada de Militares Españoles y reportó la prensa, la organización insistió en la necesidad de que la profesión militar reciba la catalogación de actividad de riesgo a efectos legales. Particularmente, la AUME utilizó como ejemplo la “extrema vulnerabilidad” de los miembros de las Fuerzas Armadas que cumplen labores en la misión de la ONU en Líbano (FINUL), rodeados por los enfrentamientos entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá, así como la situación de los efectivos que colaboran con la OTAN en Irak. El medio detalló que, actualmente, alrededor de 650 militares españoles se mantienen desplegados en Líbano y la situación de inseguridad en la región se agudiza con cada jornada de conflicto.

De acuerdo con la información difundida por la AUME, los hechos que se desarrollan en Oriente Próximo confirman “la peligrosidad intrínseca del servicio de las Fuerzas Armadas” y ratifican el riesgo “extremo” al que se expone el personal militar. La asociación reclamó medidas específicas de protección social para estos profesionales y considera que el Estado debe garantizar el “reconocimiento de la profesión militar como de riesgo” y el “acceso a la jubilación anticipada” sin penalización en sus retribuciones. Según consignó la propia organización, tales prerrogativas ya se reconocen a otros cuerpos de seguridad y sectores profesionales con condiciones comparables.

El medio AUME denunció que resulta “absurdo y carente de toda lógica institucional que el Gobierno continúe excluyendo a los militares de la aplicación de los coeficientes reductores para la jubilación”. La organización cuestionó que la Seguridad Social mantenga su postura de rechazo frente a estas demandas y dirigió críticas al Ministerio de Defensa por su “silencio cómplice ante una demanda de justicia básica”. Según la asociación, la administración ha ignorado el hecho de que “quienes hoy se encuentran bajo fuego o en situaciones de alerta máxima en Oriente Próximo son ignorados por el sistema de Seguridad Social”.

Entre las principales exigencias expresadas por la AUME figura la solicitud de apoyo por parte del Ministerio de Defensa para que lidere la defensa de los derechos de los militares desplegados, especialmente frente a lo que define como “reticencias” de otras carteras ministeriales. La agrupación ha reiterado la urgencia de un trato diferenciado para los miembros de las Fuerzas Armadas en zonas de conflicto y la necesidad de equiparar sus condiciones de protección social y jubilación con las de otros cuerpos profesionales que desempeñan tareas consideradas de riesgo.

En sus recientes declaraciones, AUME remarcó que la situación en Oriente Próximo constituye un escenario de “alerta máxima” que supera los riesgos habituales de la profesión militar. A raíz de estos acontecimientos, la organización destacó que ni el Ministerio de Seguridad Social ni el Ministerio de Defensa han mostrado una respuesta concreta a las inquietudes del colectivo. Según su postura, esta falta de reconocimiento y protección afecta tanto la moral como la seguridad a largo plazo de los efectivos destacados en el extranjero.

AUME insistió en que la normativa social y laboral en vigor resulta insuficiente para responder a las circunstancias actuales de quienes prestan servicio en zonas de alto peligro. Subrayó que la legislación vigente otorga beneficios jubilatorios a otros sectores sometidos a condiciones arriesgadas, sin reconocer los riesgos asociados al trabajo de las Fuerzas Armadas. La asociación militar presionó para que se revisen los criterios de clasificación de profesiones de riesgo y se tomen en consideración los casos de militares desplegados en conflicto activo.

El medio recalcó que la petición de AUME se produce en un contexto de cambio en las estrategias de despliegue internacional de España y en momentos en los que las misiones, diseñadas inicialmente para labores de formación o apoyo, han derivado en situaciones de enfrentamiento armado y necesidad de evacuación rápida. En el caso de Irak, la modificación adoptada por la OTAN, según reportó la fuente, ha hecho necesario reubicar y repatriar a decenas de efectivos ante la escalada de la violencia en la región.

De este modo, la AUME continúa su campaña para que las autoridades reconozcan la especificidad y peligrosidad del trabajo militar en destinos internacionales, señalando que la falta de políticas de protección social adecuadas y la ausencia de rutas seguras para la jubilación anticipada colocan a los profesionales de las Fuerzas Armadas en una situación de desamparo y desigualdad frente al resto de los trabajadores con profesiones catalogadas como de riesgo.