Asociación de la Memoria Histórica pide sancionar a los Franco por "apropiación indebida" del Pazo de Meirás

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) cuestionó la reciente resolución del Tribunal Supremo que obliga a indemnizar a los herederos de Francisco Franco por la pérdida de posesión del Pazo de Meirás, tras haber establecido que la propiedad del inmueble corresponde al Estado. A través de un comunicado, la ARMH manifestó que dicha compensación supone un agravio para las víctimas de la dictadura, dado que plantea, en palabras de la organización, “la humillante situación de tener que indemnizar a través de los presupuestos del Estado a la familia del responsable de una terrible dictadura”. Con este antecedente, la asociación solicita que se adopten medidas legales en contra de los descendientes de Franco y rechaza que reciban cualquier tipo de resarcimiento económico por la utilización de este patrimonio, declarando que el bien pertenecía desde un inicio al Estado.

Según informó Europa Press, la ARMH presentó formalmente ante el Gobierno una reclamación para que inicie procedimientos sancionadores contra la familia Franco, fundamentando que el uso del Pazo de Meirás por parte de los descendientes del dictador percibió un daño a las arcas públicas, dado que durante décadas el Estado no pudo administrar ni aprovechar los recursos de este inmueble. La asociación sostiene que, a pesar de la decisión judicial de reconocer la titularidad estatal, la compensación económica a los sucesores del dictador vulnera el honor de quienes sufrieron represión bajo el régimen franquista.

La posición de la ARMH busca que el Gobierno promueva todas las acciones legales necesarias para que los descendientes de Franco respondan por este uso del Pazo de Meirás, al que califican como una “apropiación indebida” de un bien de carácter público. Según publicó Europa Press, la asociación remarca que los nietos del dictador Francisco Franco no deberían beneficiarse de indemnizaciones argumentando que “han ocupado durante décadas un bien que no era de su propiedad y ellos deberían ser sancionados por la ocupación y el uso de un recurso que no ha podido ser utilizado por el Estado”.

El caso tomó relevancia después de que la Sala Primera del Tribunal Supremo confirmara íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, que determinó el carácter público del Pazo de Meirás. Esta decisión judicial también reconoció que no existió “mala fe” en la posesión del inmueble por parte de los Franco, justificando así la indemnización concedida a la familia por parte del Estado. Frente a ello, la ARMH explicó, tal como consignó Europa Press, que no puede aceptarse la argumentación de buena fe: “Disfruta de una enorme fortuna construida sobre la violencia y la corrupción política, una realidad que impide aceptar el argumento de la sentencia del Tribunal Supremo de que hicieron uso del Pazo de Meirás de buena fe”.

El comunicado de la ARMH solicita que no solo se impulsen sanciones contra los descendientes del dictador, sino que se interpongan los recursos legales necesarios para evitar que la familia perciba indemnización alguna en relación con el Pazo de Meirás. La organización mantiene su criterio de que el uso no autorizado de este inmueble por la familia Franco ha impedido durante largo tiempo el aprovechamiento y puesta en valor del patrimonio por parte de la sociedad a través de las instituciones estatales.

El debate sobre la titularidad y el uso del Pazo de Meirás ha estado presente desde la transición democrática en España. El edificio, que fue residencia estival de Francisco Franco durante el régimen, ha generado distintas controversias legales y sociales respecto a la legitimidad de su posesión por los herederos del dictador. Ahora, tras la confirmación judicial que devuelve la propiedad al Estado, el foco se centra en las posibles acciones legales para asegurar que los recursos públicos no sean destinados a compensar a los Franco, sino que --según expuso la ARMH y replicó Europa Press-- se les sancione por el uso indebido del bien y por los años en que el Estado no pudo ejercer su titularidad.

La reclamación formal que la ARMH presentó ante los organismos oficiales insta al Gobierno a articular “todas las medidas necesarias” para exigir responsabilidad patrimonial a los descendientes de Franco respecto al Pazo de Meirás. Dicha petición, difundida por Europa Press, insiste en los perjuicios económicos generados por la disposición privada del inmueble y defiende la necesidad de reparar no solo el daño material al Estado, sino también el impacto simbólico para las personas afectadas por la dictadura.

El pronunciamiento de la ARMH busca incidir en la toma de decisiones administrativas y judiciales ulteriores, poniendo de manifiesto, una vez más, la compleja relación de la sociedad española con la herencia material y moral del franquismo.