Jupol pide retirar las medallas 'pensionadas' al ex DAO y a su asesor tras la querella por agresión sexual

El sindicato Jupol considera que la continuidad de las medallas pensionadas otorgadas tanto al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, como al comisario Óscar San Juan, representa un perjuicio claro para la imagen de la institución y resulta injusto para los agentes que cumplen sus funciones con profesionalidad y compromiso. Esta postura se argumenta en el escrito presentado recientemente por el sindicato ante el Consejo de la Policía Nacional, en el cual solicita de manera formal la retirada de las distinciones tras la querella judicial presentada contra González, a quien se acusa de un presunto delito de agresión sexual contra una subordinada. El sindicato respalda su petición en la gravedad de los hechos que se han hecho públicos, describiéndolos como contrarios al honor y la credibilidad del Cuerpo.

Según reportó Europa Press a partir del documento hecho público, Jupol demanda la apertura de un expediente para la revocación de dos Cruces al Mérito Policial con distintivo rojo asignadas a José Ángel González y de una Medalla de Plata al Mérito Policial concedida a Óscar San Juan. La capitalización de estas condecoraciones implica beneficios económicos vitalicios para quienes las ostentan: en el caso de la Cruz con distintivo rojo, una pensión equivalente al 10% del sueldo base; y respecto a la Medalla de Plata, un incremento del 15% en la pensión mensual.

El motivo de la solicitud, según consta en el escrito de Jupol citado por Europa Press, radica en los hechos que han motivado la querella judicial, la cual presenta acusaciones por presuntos delitos de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, agravados por la supuesta utilización de la posición de superioridad jerárquica. Tras la admisión a trámite de la querella y la correspondiente citación judicial, González renunció a su cargo como Director Adjunto Operativo, manifestando su intención de defenderse y de preservar la reputación de la Policía Nacional.

El documento presentado por el sindicato hace especial hincapié en el comportamiento que atribuye a ambos mandos, señalando que su supuesto intento de coartar y silenciar a la funcionaria presuntamente agredida se contrapone a los valores que fundamentan estas condecoraciones nacionales. De acuerdo con la legislación vigente, en concreto la Ley 5/1964 de 29 de abril, estas distinciones buscan reconocer actos ejemplares, operaciones de especial trascendencia y situaciones que impliquen riesgo personal en el marco del servicio policial y en beneficio del prestigio del Cuerpo.

El Ministerio del Interior, tras el inicio del proceso judicial, adoptó medidas internas y decidió apartar temporalmente a Óscar San Juan de sus responsabilidades mientras se realiza una investigación reservada sobre su actuación. Este hecho ha sumado presión sobre las actuaciones que, según Jupol, resultan incompatibles con la permanencia de los galardonados en calidad de titulares de condecoraciones que reconocen el mérito y el comportamiento ejemplar.

Al exponer su posición, Jupol sostiene que una actuación institucional transparente y firme resulta esencial para proteger tanto el honor de la Policía Nacional como la confianza pública en los cuerpos de seguridad. El sindicato manifiesta en su petición el argumento de que mantener activas las distinciones bajo condiciones de sospecha judicial genera una situación de agravio hacia los miles de agentes que desarrollan su labor sin cargas de reproche alguno ni cuestionamiento sobre su integridad. Según destaca el texto del sindicato, esta situación constituye, a su juicio, un “daño directo” para el prestigio de la institución.

El medio Europa Press detalló que el escrito remitido por Jupol incluye el llamamiento a que las autoridades actúen con transparencia y determinación en defensa del honor institucional, recordando que el buen nombre de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se debe proteger a través de la gestión correcta y ejemplar de los reconocimientos y distinciones en el seno policial. El sindicato recalca que la concesión de estas medallas debe ajustarse en todo momento a criterios de ejemplaridad y servicio).

La polémica sobre la permanencia de estas condecoraciones y las consecuencias de la querella han generado debate tanto en ámbitos internos de la Policía Nacional como en sectores de la opinión pública interesados en la integridad y el funcionamiento interno de las instituciones de seguridad. En su reivindicación, Jupol enfatiza el impacto negativo de una posible disonancia entre hechos judicializados y la concesión de recompensas oficiales, lo que incrementa la atención sobre los procedimientos de reconocimiento de méritos y la responsabilidad de las autoridades en la defensa del honor profesional.

Europa Press ha subrayado que la demanda del sindicato incluye también una reflexión acerca de la necesaria sintonía entre el comportamiento personal y profesional de los servidores públicos y su derecho a recibir o mantener reconocimientos estatales, incidiendo en la repercusión que estos casos pueden tener tanto para la estructura interna de la Policía Nacional como para el vínculo de confianza que la ciudadanía deposita en sus funcionarios encargados de la seguridad.