Jainaga pide a la Audiencia Nacional que anule el registro de Sidenor del pasado 10 de febrero

La Fiscalía planteó en su escrito que la causa judicial centrada en el presidente de Sidenor y otros dos directivos debía ceñirse únicamente a la posible comisión de un delito de contrabando, y no a la presunta implicación por complicidad en delitos de lesa humanidad ni de genocidio. Este posicionamiento contribuyó al debate jurídico en torno al registro realizado en la sede de Sidenor en Basauri, en el marco de la investigación sobre la exportación de acero a Israel. Según informó Europa Press, José Antonio Jainaga, como presidente de la compañía, interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional solicitando la nulidad de esa entrada y registro efectuados por la Policía Nacional el 10 de febrero.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el recurso presentado por la representación legal de Jainaga llegó al alto tribunal en la tarde del pasado martes. El documento pide que se emita un nuevo auto judicial que anule la diligencia policial llevada a cabo en las instalaciones de la empresa vizcaína, alegando su improcedencia. El registro fue consecuencia directa de la investigación abierta por orden del juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, quien en octubre decidió investigar a Jainaga en relación con el envío de acero a Israel Military Industries (IMSI) sin la autorización correspondiente.

Europa Press detalló que los hechos investigados aluden, en un primer momento, a posibles delitos de contrabando y a la participación por complicidad en delitos internacionales de carácter grave, focalizándose en la exportación de partidas de acero por parte de Sidenor. No obstante, la posición de la Fiscalía fue eliminar del ámbito de la investigación las acusaciones de lesa humanidad y genocidio, manteniendo solo el análisis de las conductas relacionadas con contrabando. La Fiscalía también se mostró contraria a la ejecución del registro, calificándolo como una medida "inadecuada y desproporcionada en un juicio ponderativo con el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio", haciendo mención al artículo 18.2 de la Constitución Española, según reportó Europa Press.

El 12 de noviembre, el presidente de Sidenor, acompañado de otros dos directivos, compareció como investigado en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Durante esa comparecencia, Jainaga argumentó que había aportado documentación suficiente ante el propio tribunal para demostrar que la compañía no había cometido "irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel". Según declaró el presidente, el acero fabricado y exportado por Sidenor no aparecía "entre los productos sometidos a un control especial por parte de la administración", una circunstancia que buscaba despejar dudas en torno a la legalidad de la actividad exportadora investigada.

El medio Europa Press añadió que la actuación policial realizada en febrero en las oficinas de Sidenor respondía a la instrucción dictada meses antes por el juez Francisco de Jorge, cuya resolución abrió la vía para investigar los envíos de acero a la empresa israelí. La investigación se centró en determinar si existieron irregularidades administrativas o penales vinculadas a la posible ausencia de autorizaciones comerciales para estas exportaciones. La causa afecta directamente a alto nivel en la estructura de Sidenor, puesto que, además de Jainaga, otros dos directivos también figuran como investigados.

Europa Press destacó que los argumentos de la Fiscalía, incorporados al proceso, reforzaron la petición de nulidad de la diligencia policial sobre la base del respeto al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio empresarial, un aspecto considerado prioritario en el recurso elevado a la Audiencia Nacional. Tanto la defensa de Jainaga como el Ministerio Público insisten en que el registro, más allá de sus implicaciones legales, no resultó proporcionado a la gravedad de los hechos que todavía se debaten en la instrucción.

Hasta el momento de la presentación del recurso, no se han difundido resoluciones definitivas respecto a la nulidad solicitada. La evolución del caso continúa bajo el foco judicial del Juzgado Central de Instrucción número 1, mientras el principal ejecutivo de Sidenor sostiene que la compañía ha cumplido los requisitos legales en materia de exportación, según ha reiterado en sus declaraciones y aportaciones documentales a la Audiencia Nacional.