
El Partido Popular impulsó un proceso en el Senado orientado a llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Tribunal Constitucional debido a su reiterada ausencia en los plenos de la Cámara Alta. Según informó el diario El País, la polémica surge después de que Sánchez no asistió al pleno extraordinario donde debía comparecer en relación con el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, pese a estar citado oficialmente para ese fin.
Tal como publicó El País, durante la sesión plenaria del miércoles, la mayoría que el Partido Popular ostenta en el Senado facilitó la aprobación de la medida. Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) respaldaron la iniciativa, mientras que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se abstuvo y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) votó en contra. El resto de las agrupaciones parlamentarias eligieron no participar en la votación, según detalló el mismo medio.
El origen de este proceso se encuentra en la reforma del Reglamento del Senado impulsada meses atrás por el PP. Dicha modificación exige que el jefe del Ejecutivo se presente una vez al mes ante la Cámara Alta para rendir cuentas. El senador Pedro Rollán, actual presidente del Senado, envió previamente una carta formal a Pedro Sánchez en la que advertía sobre “consecuencias jurídicas” en caso de ausencia, informó El País.
Desde la entrada en vigor de dicha reforma, Sánchez acumula casi dos años sin asistir a la sesión de control en el Senado, informó El País. El PP denunció que esta conducta dificulta la efectiva labor de control parlamentario sobre el Gobierno. Ante la falta de comparecencias, el partido ha elevado un nuevo conflicto de atribuciones, procedimiento que representa un nuevo enfrentamiento institucional entre la Cámara Alta y el Ejecutivo central, según consignó El País.
El procedimiento establecido otorga al Gobierno un plazo de un mes para responder al conflicto de atribuciones planteado por el Senado. En caso de negativa o de ausencia de respuesta, corresponde a la Cámara Alta decidir si el asunto continúa su trámite ante el Tribunal Constitucional, o si lo archiva, detalló el medio.
El inicio de este trámite parlamentario intensifica el clima de tensión entre el Senado y el Gobierno, en un momento donde se vuelve a debatir sobre los límites de las atribuciones y los controles existentes entre los poderes del Estado. El conflicto añade presión sobre la presencia del presidente del Gobierno ante la Cámara y sobre el cumplimiento de las prácticas establecidas por el reglamento legislativo vigente, según el análisis difundido por El País.


