
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha salido a la ofensiva contra la regularización extraordinaria de migrantes que ha aprobado este martes el Gobierno, afirmando que la norma es “injusta”, “inhumana” e “insostenible”. Pero su ofensiva ya estuvo falta de pólvora porque la primera bala de su partido ya la disparó, de nuevo, la oposición alternativa de Sánchez, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Ayuso ha vuelto a pasar por encima de su jefe nacional llevando la iniciativa política y judicial. Cinco días antes de que Feijóo fijase posiciones con los grupos del PP en el Congreso y el Senado, la baronesa madrileña anunció en Pleno que presentaría un recurso contra la ILP porque, según denunció, provocaría el colapso de los servicios madrileños. Y este lunes mismo, un día antes del discurso de Feijóo, avanzó que presentaría un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar su suspensión cautelar.
En su intervención, Feijóo criticó enérgicamente la norma, pero no anticipó movimientos judiciales por parte de su partido. Se refirió al impacto económico de la regularización e incluso se hizo eco de bulos afirmando que no se acredita fehacientemente la presencia de antecedentes penales, a pesar de que el Gobierno sí incluyó la obligatoriedad de presentar un certificado en el texto final.
Según ha explicado el Gobierno, a partir de este jueves 16 se podrán iniciar los trámites de forma telemática y, desde el día 20, de forma presencial. La autorización que se conceda permitirá residir y trabajar en todo el territorio nacional, tanto por cuenta propia como ajena y en cualquier sector. El permiso tendrá carácter temporal y una validez máxima de un año. Al término de ese periodo, quienes hayan accedido a esta regularización podrán solicitar alguno de los permisos ordinarios contemplados en el Reglamento de Extranjería.
Ayuso lideró la ofensiva de Adamuz, la ley de amnistía y la financiación autonómica
No es la primera vez que Ayuso mueve la primera ficha. Lo hizo anteriormente con la ley de amnistía, cuando la líder regional anunció un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y avanzó que los ejecutivos autonómicos del PP harían lo mismo, adelantándose así al anuncio que se esperaba de Alberto Núñez Feijóo.
También anunció, antes que Feijóo, su intención de recurrir por la vía judicial la reforma de la financiación autonómica que el Gobierno acordó con ERC al denunciar que “perjudica” a los madrileños, “prioriza a las comunidades con intereses independentistas” y reduce el “acceso equitativo a los servicios públicos”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, critica en la Asamblea la política del Gobierno de Sánchez, acusándolos de hipocresía al hablar de guerra y dictaduras mientras pactan con Bildu y reavivan la Guerra Civil Española.
Y ya no solo se ha limitado al ámbito judicial. Ayuso ha tratado de liderar ofensivas del PP como, por ejemplo, sobre el accidente de Adamuz del pasado mes de febrero. Ayuso, mientras el PP nacional respetó el silencio institucional cuando las circunstancias eran totalmente desconocidas, Ayuso salió a la palestra para ser la primera en exigir responsabilidades políticas tras el accidente y propuso una misa encabezada por el Arzobismo de Madrid. Un día después, el PP pediría las comparecencias de Sánchez y Puente en el Congreso.
Ayuso también se anticipó una vez más a la dirección nacional del partido cuando llamó a Sánchez a rendir cuentas en la Asamblea de Madrid para explicar posibles tratamientos de favor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) hacia Begoña Gómez, cuando el grupo parlamentario en el Senado aún no dio el paso de citar al presidente del Gobierno; lo hizo finalmente en mayo de 2024.
Sánchez rechazó su comparecencia en la Cámara madrileña, por lo que la sesión quedó inicialmente aplazada, a la espera de que el Consejo de Estado aclarase si está obligado o no a asistir. Finalmente, avaló la decisión de Presidencia, pero la primera bala ya había sido
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