Fiscalía envía al juzgado sus diligencias sobre la adjudicación de viviendas de protección pública de Alicante

La apertura de diligencias judiciales para investigar la asignación de viviendas de protección pública en la promoción Les Naus, ubicada en la Playa de San Juan en Alicante, ha contado recientemente con la colaboración de la Fiscalía, que remitió sus actuaciones a raíz de los diferentes procedimientos abiertos por denuncias previas sobre estos hechos. Según informó Europa Press, la magistrada que ocupa la plaza número 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante adoptó esta medida tras solicitar a la Fiscalía la documentación reunida hasta el momento, con el objetivo de unificar en sede judicial todas las acciones relacionadas con esta controversia.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la causa se inició la semana pasada tras la presentación de una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso indebido de información reservada, tráfico de influencias, fraude y la implicación en negociaciones prohibidas para empleados públicos. El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias interpuso la denuncia contra nueve personas, entre las que figuran la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, una exdirectora general y varios empleados municipales.

La magistrada a cargo del caso decidió coordinar todas las diligencias en torno al proceso judicial, una vez que recibió la denuncia e identificó que ya existían denuncias relacionadas con estos hechos ante la Fiscalía de Alicante. Por ese motivo, ordenó que la Fiscalía enviara toda la documentación acumulada, lo que derivó en el traslado de las diligencias de investigación al juzgado, según detalló Europa Press.

Entre los aspectos señalados en las denuncias se encuentra la adjudicación de viviendas protegidas a personas vinculadas tanto al propio ayuntamiento como a la administración autonómica. Europa Press reportó que, entre los beneficiarios, figura Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo en el consistorio alicantino, así como familiares de María Pérez-Hickman, exdirectora general que dimitió tras destaparse el caso. Igualmente, se indica que un arquitecto municipal resultó adjudicatario de una de las viviendas.

Además, la información de Europa Press señala que Miguel Ángel Sánchez dimitió a su cargo como jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. Esta renuncia se produjo tras conocerse que la madre de sus dos hijas formaba parte de la lista de adjudicatarios de las viviendas de protección en Les Naus.

Según Europa Press, el caso cobró visibilidad a raíz de estas adjudicaciones, que generaron sospechas sobre posibles irregularidades durante el proceso de selección y asignación de las viviendas. Las denuncias presentadas apuntan a un posible uso irregular de información reservada, en favor de personas con vínculos dentro de la administración pública, así como a la existencia de supuestas negociaciones o tratos desaconsejados para empleados públicos en el desempeño de sus funciones.

La investigación judicial, en la fase preliminar, busca esclarecer tanto el procedimiento seguido en la adjudicación de estas viviendas como la eventual concurrencia de delitos por parte de responsables políticos, directivos y otros empleados del ayuntamiento y la administración regional. Los listados provisionales y el proceso de selección de los beneficiarios se encuentran bajo revisión para determinar si se respetaron los principios de igualdad y transparencia que rigen estas convocatorias.

En torno al proceso, Europa Press detalló que la decisión de remitir las diligencias al juzgado responde a la existencia de una causa penal ya abierta, lo que impide a la fiscalía proseguir con sus propias actuaciones de forma independiente. El objetivo de esta medida es centralizar toda la información y garantizar un tratamiento integral de las actuaciones judiciales sobre los mismos hechos.

El asunto ha suscitado la renuncia de distintos cargos de responsabilidad política y administrativa en los últimos días, reflejando el impacto institucional que ha tenido esta investigación. Europa Press indicó que la apertura de diligencias previas busca facilitar el análisis conjunto de todas las pruebas aportadas, incluidas las denuncias ciudadanas y la documentación recopilada por la fiscalía sobre la promoción de viviendas de protección pública Les Naus.

Por el momento, la investigación continúa enfocado en analizar si la asignación de viviendas estuvo motivada por actuaciones contrarias a la legalidad. Las pesquisas se extienden tanto a los procedimientos internos de selección como a los vínculos personales y familiares de los adjudicatarios con responsables municipales o autonómicos, datos que ya obran en poder del juzgado tras la remisión de las diligencias por parte de la Fiscalía, según señaló Europa Press.