Según Mur, los protocolos de residencias en Madrid se atenían a un plan anunciado por el exconsejero al inicio del covid

En su declaración ante la jueza, Carlos Mur enfatizó que un plan de acción oficial anunciado el 12 de marzo de 2020 por el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero ya contenía los protocolos de derivación de residentes a hospitales durante la primera ola de la pandemia de covid-19 en Madrid. Esta información aporta una nueva perspectiva al caso que investiga si altos cargos de la sanidad madrileña tenían conocimiento sobre la existencia y el contenido de estos documentos, según informó el medio El País.

El Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid lleva adelante la investigación a raíz de la querella presentada por una mujer cuyo progenitor residía en una residencia madrileña durante la primera ola de la pandemia. Según detalló El País, la denuncia se centra en la presunta comisión de un delito por denegación discriminatoria de asistencia sanitaria hacia pacientes de residencias de mayores durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

Durante la comparecencia, la letrada de la parte denunciante, Alejandra Jacinto, destacó la inclusión de “elementos nuevos” en el testimonio de Mur respecto a lo declarado en enero, momento en el que el exdirector de Coordinación Sanitaria negó haber redactado dichos protocolos. El medio El País consignó que Jacinto pidió que se incorpore a la investigación el plan de acción presentado por la Consejería de Sanidad en marzo de 2020, ya que, hasta ahora, no ha sido facilitado para su examen y permanece desconocido en su contenido.

Mur argumentó que los protocolos polémicos se encontraban integrados en ese plan anunciado al inicio de la pandemia, lo que, según la abogada denunciante, indica que tanto la Consejería de Sanidad, encabezada por Ruiz Escudero, como el exasesor Antonio Burgueño, estaban informados sobre su existencia. El documento abarcaba diversas iniciativas, incluidas la coordinación entre el sistema público y privado de salud, el aumento de camas en unidades de cuidados intensivos, la creación de dispositivos intermedios de atención sanitaria en hoteles y el proceso de medicalización de residencias para atender a los contagiados in situ.

El exalto cargo madrileño transmitió a la jueza, en una declaración realizada por videoconferencia, que el 20 de marzo de 2020 expuso mediante un correo dirigido al exconsejero Ruiz Escudero sus reservas respecto a la viabilidad de la medicalización de las residencias, calificando esa medida como “irrealizable”, según reportó El País.

Durante el interrogatorio judicial, la jueza buscó aclarar si los residentes en centros de mayores fueron trasladados o no a hospitales privados y si las autoridades disponían de información precisa sobre la disponibilidad de camas en dichos centros. Mur sostuvo que no tenía conocimiento al respecto y reiteró que desconocía dicha información. Además, al cuestionarse por su papel en la firma de protocolos cuya autoría asegura no compartir, Mur insistió en que no elaboró esos documentos e hizo constar su desacuerdo con algunos criterios, que según él “podían dar lugar a error y a interpretaciones de discriminación”, tema ya advertido previamente por el exconsejero Alberto Reyero, según publicó El País.

Respecto a la redacción de los documentos investigados, el exdirector atribuyó la autoría directa a una doctora del Hospital Gregorio Marañón y agregó que otra médica fue responsable de su revisión. La letrada Jacinto anunció que solicitarán la citación de ambas profesionales para declarar y que pedirán diligencias adicionales para incorporar el citado plan de acción a la causa con el objetivo de verificar su contenido y el grado de conocimiento previo por parte de Ruiz Escudero, consignó El País.

El sumario judicial incluye la citación reiterada de otras personas involucradas, como Francisco Javier Peromingo, sucesor de Mur, y Antonio Burgueño. Sin embargo, tanto Peromingo como Pablo Busca, jefe del Summa 112 durante la pandemia, no comparecieron en esta ocasión porque el Juzgado no les notificó correctamente. El juzgado reprogramó sus comparecencias.

Según El País, Peromingo y Mur han declarado ya en dos ocasiones, mientras que Pablo Busca todavía no ha comparecido ante el Juzgado, debido a problemas médicos que han motivado el aplazamiento de su citación. En una declaración anterior, Mur responsabilizó directamente a su sucesor, Javier Martínez Peromingo, y a cerca de veinte geriatras de enlace de la elaboración de los protocolos bajo investigación, refirió el medio.

Actualmente, la Audiencia Provincial de Madrid debe resolver un recurso que solicita unificar en una sola causa los procedimientos judiciales vinculados con la gestión en residencias de mayores durante la pandemia, los cuales se encuentran abiertos en distintos juzgados e investigan posibles conductas discriminatorias en la provisión de atención sanitaria. Esta decisión será determinante para establecer si las investigaciones seguirán procesos separados o si se centralizarán en un único expediente, reportó El País.