El PP activará la próxima semana el procedimiento para llevar a Sánchez ante el TC por no acudir a un Pleno del Senado

Sánchez acumulará casi dos años sin asistir al control del Senado a partir de marzo de 2026, según detalló Europa Press, mientras persisten discrepancias respecto a su presencia en esa cámara. El Partido Popular prevé activar un procedimiento la próxima semana en el Pleno del Senado para impulsar un nuevo conflicto institucional con el Gobierno a raíz de la ausencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en sesiones relevantes. La iniciativa podría derivar en una controversia sobre atribuciones ante el Tribunal Constitucional, según informaron fuentes parlamentarias a Europa Press.

La decisión del PP surge luego de que Sánchez no acudiera al Pleno extraordinario celebrado hace dos semanas en el Senado, donde estaba citado para abordar el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. El presidente del Senado, Pedro Rollán, envió una misiva al jefe del Ejecutivo en la que le advertía sobre “consecuencias jurídicas” en caso de nueva incomparecencia, informó Europa Press.

Los populares ya modificaron hace unos meses el Reglamento del Senado para establecer la obligación de que el presidente del Gobierno comparezca ante la Cámara Alta una vez al mes. Pese a ese cambio normativo, Sánchez mantiene una ausencia continuada en este foro, lo que ha generado malestar en el grupo mayoritario del Senado. Europa Press reseñó que el reglamento modificado buscaba reforzar el control parlamentario sobre la labor del Ejecutivo y aumentar la transparencia en la gestión de crisis y asuntos de Estado.

Con base en ese reglamento y en la ausencia reiterada del presidente, el PP ha promovido un nuevo conflicto de atribuciones, lo que constituye, según Europa Press, un episodio más en la serie de desencuentros institucionales entre el Ejecutivo y la Cámara Alta. De acuerdo con el procedimiento legal, el PP aprovechará su mayoría absoluta para aprobar en el Pleno esta propuesta de conflicto con el Gobierno, lo que permitirá a la Cámara asumir el planteamiento y remitirlo formalmente al Ejecutivo.

El Gobierno, una vez reciba la formulación del conflicto, dispone de un plazo de un mes para responder. Entre sus opciones está atender la solicitud, rechazarla o no contestar y dar el asunto por resuelto. Si la contestación del Ejecutivo es negativa o si decide guardar silencio, corresponde al Senado determinar si lleva el tema ante el Tribunal Constitucional, detalló Europa Press.

El contexto parlamentario ha estado marcado por distintas disputas institucionales impulsadas por el PP en la Cámara Alta. Este nuevo episodio amplía la lista de desencuentros surgidos en torno al control político y la presencia del presidente del Gobierno en el Senado. Europa Press destacó que la tensión entre los poderes del Estado se ha incrementado en los últimos meses, principalmente por la interpretación y el alcance de las prerrogativas de comparecencia del Ejecutivo ante las cámaras legislativas.

El accidente ferroviario en Adamuz, que motivó la convocatoria del Pleno al que Sánchez no asistió, añadió argumentos a la postura del PP en cuanto a la necesidad de que el presidente rinda cuentas ante el Senado. La insistencia de los populares en llevar estas diferencias al Tribunal Constitucional marca una estrategia basada en la presión institucional y el uso de los mecanismos reglamentarios disponibiles en la Cámara Alta, según consignó Europa Press.

Los próximos pasos dependen del desarrollo del trámite legislativo y de la respuesta del Gobierno ante la remisión formal del conflicto de atribuciones. El resultado podría sentar precedentes respecto a la relación entre el poder Ejecutivo y el Senado, en especial sobre la interpretación de las obligaciones de presencia y control parlamentario del presidente del Gobierno según la normativa interna de la Cámara Alta.

El proceso se inserta en una dinámica institucional caracterizada por el uso de instrumentos legales y políticos para dirimir controversias sobre competencias y atribuciones entre los principales órganos del Estado, tal como subrayó Europa Press. La figura del Tribunal Constitucional surge como árbitro potencial si no se logra una solución consensuada durante las etapas previas de este procedimiento activado por el PP en el Senado.