Según el informe de la Unidad de Asuntos Internos, las autoridades han detectado el uso de una compleja estructura bancaria en Santo Tomé y Príncipe para la gestión y ocultamiento de fondos de origen ilícito, con la participación directa de Francisco de Borbón y diversos socios internacionales. Esta organización financiera, que contaba con el manejo de entidades como ET Bank, VXL Bank y BE Bank, habría servido para disimular grandes sumas de dinero presuntamente procedentes del tráfico internacional de cocaína. Tal como reportó Europa Press, la Policía Nacional señala la implicación de Francisco de Borbón, quien recientemente fue detenido y posteriormente liberado, en el lavado de capitales asociados a una red investigada que incluye a altos exfuncionarios policiales, como el antiguo jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Óscar Sánchez.
De acuerdo con los documentos presentados ante la Audiencia Nacional y consignados por Europa Press, los agentes sostienen que Borbón usó varias sociedades asentadas en el país africano para facilitar las operaciones de blanqueo. Estas maniobras habrían permitido disfrazar la procedencia del dinero vinculado al tráfico de estupefacientes. La investigación plantea que tanto Eduardo Montero, presunto responsable de una nave destinada a recibir mercancía ilícita, como Ignacio Torán, señalado como cabeza de la organización de narcotráfico, figuraban como clientes del ET Bank. La vinculación de estos individuos con Francisco de Borbón y Bijan Burnard se establece por su papel como gestores tanto de ET Bank como de VXL Bank, ambos con sede en Santo Tomé y Príncipe, instituciones que, según el informe policial, permitieron el manejo y custodia clandestina de fondos de clientes de la red.
Las cifras que están bajo análisis son considerables. El documento al que tuvo acceso Europa Press indica que Eduardo Montero habría mantenido en VXL Bank depósitos que alcanzaron 1.599.880 euros. Asimismo, la información reunida apunta a la intervención de una tercera entidad, BE Bank, bajo la responsabilidad de Borbón y Burnard. Las denuncias por estafa que recibieron en VXL Bank llevaron a los implicados, según los investigadores, a cerrar dominios y reestructurarse como ET Bank, desde donde continuaron proporcionando los mismos servicios a la red delictiva: gestión de divisas, activos digitales y la emisión de tarjetas bancarias con el fin de reinsertar en el circuito legal el dinero proveniente del narcotráfico.
La Unidad de Asuntos Internos también identificó que la sociedad Alpha Trading LLC, con sedes en Newport Beach y Marbella y dirigida por Borbón junto a Ketan Seth, habría movido fondos que terminaron en productos diseñados para Torán. Europa Press relata que los movimientos sospechosos y la colaboración entre Alpha Trading LLC y las plataformas bancarias vinculadas a Borebón crearon canales para canalizar fondos y tratar de dar apariencia legal a las transacciones, valiéndose, entre otros métodos, de contratos tipo Escrow.
En cuanto al alcance de la operativa, el reporte policial citado por Europa Press indica que Montero tuvo acceso a más de 22 millones de dólares a través de ET Bank y que tanto él como Torán disponían de tarjetas de la entidad para disponer de estos recursos. Tras la detención de estos implicados, Borbón y sus socios dejaron de gestionar operaciones por medio de esta plataforma bancaria y, según se afirma en el oficio, habrían continuado la administración de fondos de terceros utilizando BE Bank, también instalada en Santo Tomé y Príncipe.
Las pesquisas apuntan a que las entidades creadas en esta jurisdicción operaban como plataformas de banca anidada, es decir, servicios que aparentan ser bancos tradicionales pero que realmente ejecutan operaciones de custodia y transferencia de fondos de origen difícilmente rastreable. Tal como describe el oficio policial al que se refiere Europa Press, correspondencia y recibos de transferencias hacia cuentas abiertas en el banco Atlas Bank de Panamá revelan la mecánica utilizada para mover el dinero y dificultar su rastreo, dotando a las operaciones de una presunta licitud ante los organismos de control financiero.
Los agentes subrayaron que la información recibida desde Panamá respalda la existencia de una red de lavado de dinero operada presuntamente por Torán, Borbón y sus cómplices. Entre los mecanismos identificados figura el uso de contratos Escrow, una herramienta financiera comúnmente utilizada para asegurar la transparencia en determinadas operaciones, pero que en este contexto habría servido para ocultar tanto el origen ilícito del dinero como la identidad de sus beneficiarios reales.
El origen de la investigación y la magnitud de las actividades delictivas se vinculan directamente con la identificación de varias organizaciones que operaban bajo el amparo de empresas con apariencia legal. El impulso en la investigación llegó tras la incautación de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, Cádiz, durante octubre de 2024. Según informó Europa Press, ese hallazgo se convirtió en el decomiso de cocaína más grande realizado en territorio español y el segundo mayor registrado en Europa.
Dentro del sumario judicial, Europa Press detalla que uno de los últimos documentos remitidos a la Audiencia Nacional especifica que el exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez, habría facilitado la introducción de al menos 39 contenedores de droga, de los cuales solo dos fueron interceptados, sumando un total aproximado de 73 toneladas de cocaína. Torán habría pagado a Sánchez más de 32 millones de euros como parte de esta operación delictiva de gran escala.
La detención de Óscar Sánchez en octubre de 2024 representó uno de los hitos del caso, llevando al juez Francisco de Jorge a decretar prisión provisional, comunicada y sin fianza para el exfuncionario, quien permanece en custodia judicial, reportó Europa Press. La causa judicial actualmente abarca la investigación sobre varias empresas y personas indiciadas por actividades que incluyen el blanqueo de capitales y la introducción de estupefacientes en el territorio nacional. Las actuaciones de los involucrados, según los datos recabados por la Policía y resumidos en los oficios remitidos a la Audiencia Nacional, presentan una estructura criminal que combinaba el uso clandestino de plataformas bancarias, transferencias internacionales y sociedades mercantiles en jurisdicciones opacas, en un intento de mantener oculta la verdadera naturaleza y destino de los fondos.
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