Las sentencias judiciales contra Arantza Zulueta y Jon Enparantza han alcanzado un nuevo punto de ejecución tras la confirmación de sus condenas por parte del Tribunal Supremo a comienzos de año. Según informó Europa Press, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional otorgó a ambos un plazo de diez días para que ingresen voluntariamente en prisión. De no hacerlo dentro de ese periodo, las autoridades emitirán órdenes de búsqueda y captura tanto para la abogada como para el también integrante del denominado 'frente jurídico' de ETA.
La resolución judicial afecta directamente a Zulueta, quien recibió una condena de siete años y medio por los delitos de integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos con fines terroristas, así como a Enparantza, condenado a cuatro años tras confirmarse su responsabilidad en integración en organización terrorista, detalló Europa Press. Los hechos se remontan a la actividad que ambos desarrollaron entre 2005 y abril de 2010, periodo durante el cual, según la sentencia ratificada, su labor fue más allá de la defensa legal de presos de ETA, manteniendo la comunicación y la transmisión de directrices entre la dirección de la organización armada y los internos.
El medio Europa Press consignó que la investigación incluyó el registro de los despachos profesionales de Zulueta y Enparantza en Bilbao y Guipúzcoa durante el operativo que culminó con su detención en abril de 2010. En esos registros, la policía halló pruebas que resultaron decisivas para la acusación, incluyendo un dispositivo de almacenamiento oculto tras un cuadro en la oficina de Zulueta. La información contenida en ese 'pendrive' proporcionaba detalles sobre la ubicación de tres escondites utilizados por ETA en el sur de Francia, según publicó Europa Press.
La documentación incautada especificaba que en esos zulos se almacenaban materiales como precursores explosivos, armas largas, municiones, cordón detonante y dinero. Las investigaciones posteriores, desarrolladas a través de una comisión rogatoria a Francia, permitieron que la policía francesa localizara los depósitos, interviniendo un total de 92 kilogramos de clorato sódico, azufre, cordón detonante, un fusil Kalashnikov, un G3/Cetme, diversas municiones y efectivo, informó el medio. Las armas se encontraban en condiciones operativas.
Europa Press detalló que tanto Zulueta como Enparantza solicitaron una reducción de sus condenas ante el Tribunal Supremo, alegando menor gravedad en su participación. Sin embargo, la instancia judicial reiteró que la Audiencia Nacional había acreditado la posesión y el manejo de información clave para acceder o posibilitar el acceso a los citados depósitos de armas y explosivos, reforzando así el fundamento de la sentencia condenatoria.
El fallo de la Audiencia Nacional, respaldado por el Supremo en enero, descartó que el material informático incautado fuera irrelevante, subrayando la relevancia de los datos para la estrategia operativa de ETA. De acuerdo con la decisión judicial recogida por Europa Press, la actividad de Zulueta y Enparantza no se limitó al ejercicio profesional de la abogacía, sino que mantuvieron activa la conexión entre los internos en prisión y la cúpula de la organización.
La decisión sobre el ingreso en prisión fue comunicada formalmente a los condenados, quienes recibieron la advertencia de que el incumplimiento del plazo de diez días supondrá la inmediata emisión de órdenes de búsqueda y captura, según indicaron fuentes jurídicas citadas por Europa Press.
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