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Junts confirma que votará en contra del 'escudo social' por ser "injusto" con el pequeño propietario

La formación independentista rechaza la extensión de la moratoria antidesahucios y el bono energético, acusa al Ejecutivo de presionar y asegura que la normativa perjudica a quienes poseen viviendas modestas y a comunidades locales

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Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, difundió un mensaje a través de la red social Instagram en el que subrayó que, tras examinar “la letra pequeña” del nuevo real decreto ley de ‘escudo social’, su formación rechazará la prórroga de la suspensión de desahucios y el bono social energético. Tal como publicó el medio, Junts considera que la normativa no solo no resuelve las dificultades de fondo, sino que perjudica de manera directa a pequeños propietarios y daña los intereses de los vecinos.

Según detalló el medio, el real decreto planteado por el Ejecutivo incluye la extensión de la prohibición de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, en aquellos casos en que el arrendador sea un gran tenedor o un fondo de inversión, así como la ampliación del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, Junts estima que el coste de estas medidas recae desproporcionadamente sobre propietarios de viviendas modestas y las comunidades locales, en lugar de afectar sobre todo a los grandes operadores inmobiliarios.

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Nogueras manifestó que la semana anterior el Gobierno de Pedro Sánchez intentó reunir en un único decreto tanto las cuestiones relativas a las pensiones como las relacionadas con “el tema de las okupaciones”. A juicio de la portavoz, la estrategia del Ejecutivo se basó en “chantaje, presiones y mentiras” con el objetivo de asegurar la aprobación parlamentaria del documento completo. Finalmente, añadió que el Gobierno central “ha tenido que rectificar” y separar las medidas.

De acuerdo con lo publicado, Junts había confirmado su respaldo al decreto específico que regula las pensiones, desligando su posición de la votación sobre las medidas sociales en materia de vivienda y energía. La portavoz insistió en que el escudo social promovido por el Gobierno, según sus palabras, “lo está pagando el pequeño propietario y los vecinos”, rechazando así la prolongación de la moratoria antidesahucios.

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Según reportó el medio, la decisión de Junts podría comprometer notablemente la viabilidad del decreto en la Cámara Baja, dado que el grupo es clave para la aritmética parlamentaria actual. Además, el partido independentista catalán sostiene que las iniciativas gubernamentales agrupadas bajo el escudo social, lejos de tratar el problema de fondo, agravan las dificultades de quienes poseen una única o pocas viviendas en propiedad.

El medio consignó que la posición expresa de Junts llegó tras una exhaustiva revisión del texto legislativo propuesto y que ese análisis motivó el rechazo a apoyar la prórroga del escudo social en sus términos actuales. La formación recalca que su postura no pretende cuestionar la protección de colectivos vulnerables, sino señalar los efectos negativos que, a su entender, dicha normativa tiene sobre pequeños arrendadores y comunidades de vecinos.

El Gobierno, por su parte, buscaba reforzar la salvaguarda frente a situaciones de vulnerabilidad social mediante la extensión del bono social energético y la moratoria en los desalojos. Junts, sin embargo, advierte que la prolongación de estas medidas sin ajustes que limiten su impacto en los propietarios particulares y en las comunidades locales termina resultando, según sus criterios, “injusta”.

A lo largo del proceso, según informó el mismo medio, la portavoz de Junts ha sostenido con firmeza que, pese a las negociaciones mantenidas, su partido no aceptaría una normativa que, tal como hoy se presenta, traslada el coste de la protección social al pequeño propietario en lugar de establecer mecanismos diferenciados para grandes tenedores y fondos. De esta manera, la formación independentista mantiene la línea que había anticipado sobre su política respecto a medidas presentadas por el Ejecutivo central en temas sociales y de vivienda.

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