Antonio Hernando admite que su reunión con Leire Díez fue para hablar de la 'policía patriótica' contra Sánchez

Durante su declaración ante la autoridad judicial, Antonio Hernando afirmó que la información relevante estaba en manos de quienes impulsaron una investigación sobre la denominada 'policía patriótica', según fuentes jurídicas citadas por Europa Press. En ese contexto, Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, explicó que fue convocado como testigo por su participación en una reunión con la exmilitante socialista Leire Díez. La comparecencia se centró en la documentación que manejaban tanto Díez como Javier Pérez Dolset, empresario también investigado, relacionada con supuestas actuaciones policiales de seguimiento a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en fechas clave de 2024.

Europa Press informó que Hernando explicó ante el juez que la cita a la que asistió, de duración aproximada de una hora, se produjo con el objetivo de tratar la información que ambos investigados almacenaban sobre esas actividades, conocidas popularmente como parte de la 'policía patriótica'. El secretario de Estado relató que esa unidad policial realizó seguimientos sobre la familia de Sánchez antes de que el actual jefe del Ejecutivo asumiera el cargo. Indicó que a la reunión también se presentó Ion Antolín, quien en aquel momento se desempeñaba como secretario de Estado de Comunicación y previamente fue director de Comunicación del PSOE. Hernando señaló que no recuerda si ese encuentro coincidió con los días en que Sánchez se retiró a reflexionar en abril de 2024.

En declaraciones recogidas por Europa Press, fuentes jurídicas confirmaron que Hernando subrayó la relevancia de la documentación en manos de los exmilitantes y del empresario investigado. Asimismo, insistió en que la información de la 'policía patriótica' versaba sobre detalles relacionados con la familia presidencial, y señaló que esa información circulaba antes de la llegada de Sánchez a la Presidencia.

El empresario Javier Pérez Dolset había declarado previamente, en noviembre del año anterior, que Hernando estuvo presente en una de las dos reuniones a las que asistió en ese contexto. En ese entonces, Hernando ocupaba el cargo de director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno, según detalló Europa Press sobre su comparecencia judicial.

Posterior al testimonio de Hernando en los juzgados de Plaza de Castilla, el ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, también prestó declaración como testigo. Las comparecencias, que originalmente iban a comenzar después de las 10.30 horas, se retrasaron debido a una demora por motivos médicos de la abogada de una de las partes investigadas. Según consignó Europa Press, Hernando fue el primer testigo en llegar a los tribunales, antes de las 9.00 horas, seguido de Cerdán poco después de las 10.30 horas.

El caso que instruye el juez Arturo Zamarriego incorpora a varios investigados, entre ellos Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol. Según informó Europa Press, la investigación judicial indaga si, bajo el liderazgo de Díez, se gestó una dinámica delictiva sostenida y coordinada, destinada a recabar información considerada comprometida o de carácter irregular, procedente de instituciones estatales. El objetivo supuesto sería interferir o desvirtuar investigaciones oficiales que afectaban a figuras políticas y empresariales de relevancia.

El juez Zamarriego examina si ese proceso incluía la obtención de datos sobre miembros de la Guardia Civil, fiscales y jueces, a cambio de la promesa de favores, de acuerdo con los datos publicados por Europa Press. Las indagatorias abarcan tanto las acciones directas de los investigados como la posible implicación de otros actores en la cadena de gestión y transmisión de la información.

En declaraciones públicas posteriores a su intervención como investigada, Leire Díez concedió una entrevista en el canal Telecinco, donde afirmó que la reunión con Hernando se prolongó mucho más de 20 minutos y él abandonó el lugar antes de que terminara el encuentro. Díez alegó que las conversaciones incorporadas en la causa judicial forman parte de una labor periodística centrada en la investigación para un libro sobre estructuras policiales y estatales opacas, denominadas en la cobertura mediática como “cloacas del Estado”.

Consultada acerca del peso de la participación de Antonio Hernando en dicho contexto, Díez expresó que su papel tuvo relevancia y “no fue accesorio”, citó Europa Press. La exmilitante destacó que él permaneció presente durante el desarrollo sustancial de la reunión, contradiciendo versiones que limitaban su presencia a una intervención puntual o secundaria.

La causa investiga, según Europa Press, posibles delitos relacionados con la solicitud y el manejo de información reservada, la obtención de datos desde instituciones gubernamentales para fines distintos a los oficialmente autorizados y el posible intercambio de favores para anular investigaciones en curso sobre figuras del ámbito político y empresarial. El proceso pone bajo la lupa tanto a exmiembros de la organización socialista como a empresarios y personalidades comunicativas, centrando el foco en el grado de coordinación y la amplitud de la presunta actuación.

Durante las declaraciones, no se aclaró si las reuniones investigadas coincidieron con los días que Pedro Sánchez se apartó para reflexionar en abril de 2024. Tanto Hernando como otros comparecientes aseguraron no recordar con exactitud la coincidencia temporal de ambos hechos. Según Europa Press, esa semana de reflexión del jefe del Ejecutivo motivó seguimiento adicional por parte de los investigadores, quienes consideraron si existió o no relación directa entre los encuentros y los acontecimientos políticos de entonces.

La investigación continuará en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, donde el juez Zamarriego sigue recabando testimonios y analizando la documentación incautada a los investigados principales. La instrucción busca esclarecer tanto el alcance de la supuesta red de obtención de información como la posible implicación de altos cargos y el objetivo final de usar dichos datos para influir en procesos judiciales o políticos, confirmó Europa Press.

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