PNV acusa de "carroñerismo político" por el caso de las vacunas caducadas a EH Bildu, que dice que han "ocultado hechos"

La diversidad de opiniones en torno al caso de las vacunas vencidas administradas en Osakidetza ha derivado en cuestionamientos tanto sobre la gestión informativa de la administración sanitaria como sobre la transparencia de la investigación interna. Según detalló Europa Press, durante la emisión del programa "Parlamento en las ondas" de Radio Euskadi, representantes de todos los partidos con presencia en la Cámara vasca analizaron la inoculación de tres tipos de vacunas vencidas, afectando principalmente a bebés, y abordaron expresamente las responsabilidades institucionales y los mecanismos de comunicación empleados por el Gobierno vasco.

La polémica se avivó después de que EH Bildu pusiera en duda la transparencia de la Consejería de Salud, señalando que la administración de las vacunas solo salió a la luz tras una consulta directa al consejero al respecto. El parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, afirmó que existen "indicios más que suficientes" que apuntan a la ocultación de los hechos, explicando que el Departamento de Salud tuvo conocimiento de la necesidad de revacunar a parte de los afectados desde el 21 o 22 de enero, pero no emitió información pública hasta el día 27, tiempo en el cual no contactó a las familias involucradas hasta que EH Bildu hizo la consulta. Rodríguez consideró que la decisión de cuándo comunicar los hechos respondió a cálculos políticos encaminados a minimizar el impacto y a evitar la comunicación directa con las familias afectadas.

Por su parte, el PNV cuestionó la actitud de EH Bildu y los acusó de “carroñerismo político” por difundir la noticia a los medios antes de que el Gobierno vasco completara la notificación a las familias. Joseba Díez Antxustegi, parlamentario jeltzale, defendió que el consejero de Salud, Alberto Martínez, reconoció desde el principio que se trató de un error grave, aunque insistió en que este fallo no causó impacto negativo sobre la salud de los afectados. Según Díez Antxustegi, en cuanto Osakidetza tuvo conocimiento de lo ocurrido, activó el protocolo para que las diferentes Organizaciones Sanitarias Integradas (OSIs) prepararan la comunicación a las familias, tras la confirmación del Consejo Asesor de Vacunas sobre la inexistencia de riesgos para la salud y la necesidad de revacunar. Añadió que la gestión de la crisis buscó ofrecer seguridad a las familias y cumplir con los protocolos vigentes, lamentando que “se haya optado, desde algunos sectores, por generar alarma”.

El PSE-EE, a través del parlamentario Ekain Rico, admitió la gravedad de lo sucedido y defendió la importancia de no reiterar el error, recalcando que la confianza en el sistema de vacunación es un pilar fundamental. Sin embargo, Rico reconoció como positivo que la administración admitiera el fallo públicamente y que haya puesto en marcha una comisión de investigación interna, además de haberse ofrecido a comparecer ante el Parlamento para detallar lo sucedido. Rico desestimó las sospechas de encubrimiento e invitó a no caer en “teorías de la conspiración”, subrayando que el objetivo central es garantizar que no se repitan casos similares. Alertó sobre el riesgo de que este tipo de polémicas aviven discursos contrarios a la vacunación, recordando la postura adoptada por la Cámara vasca frente a los grupos antivacunas.

La representante del PP, Laura Garrido, expresó preocupación por el funcionamiento de Osakidetza y llamó a esclarecer los hechos y asumir las responsabilidades correspondientes. Garrido analizó la participación de prácticamente todas las OSIs de la red vasca en la aplicación de la vacuna hexavalente fuera de fecha: según indicó, doce de trece OSIs administraron dosis vencidas, detallando que la vacuna, que expiró en octubre, siguió aplicándose durante noviembre, diciembre y enero. Consideró que la falta de información a la ciudadanía y la posible ocultación son tan relevantes como el error sanitario y remarcó la falta de independencia de la Comisión de Investigación y Trazabilidad, por tratarse de una instancia interna. Según publicó Europa Press, la parlamentaria popular señaló específicamente la situación de desprotección que surge para los menores afectados y vinculó lo sucedido a problemas organizativos estructurales dentro del sistema sanitario vasco.

Jon Hernández, de Sumar, aportó una visión que atribuye el fallo a fallas sistémicas. Hernández sostuvo que este caso no es un incidente aislado, sino reflejo de un problema estructural del sistema de Salud Pública, y manifestó su preocupación sobre la posibilidad de que errores similares ocurran con otros productos médicos. A su entender, el hecho de que las vacunas administradas fueran inofensivas desde el punto de vista toxicológico no exime a la administración de responsabilidad, dado que los niños y niñas quedaron sin protección ante enfermedades graves por un lapso de tiempo. Europa Press recogió su declaración respecto a la gravedad estructural del caso y su impacto sobre la confianza pública en el sistema sanitario y las autoridades responsables. Hernández cuestionó la gestión política del asunto, sugiriendo que el Gobierno vasco prioriza la protección de su imagen frente al reconocimiento efectivo del error y la asunción de consecuencias.

Según Europa Press, el panorama político en torno al caso de las vacunas vencidas en Osakidetza refleja un consenso sobre la necesidad de investigar el origen y alcance del incidente, pero también desacuerdos en torno a la transparencia del proceso, la comunicación institucional y la independencia del órgano encargado de esclarecer los hechos. El debate se articula entre las demandas de explicación, asunción de responsabilidades y exigencias de garantía para que no se repitan errores de organización en el sistema público de salud.