El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

El Parlamento Europeo ha decidido este martes retirar la inmunidad parlamentaria a Alvise Pérez, eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), tras una votación celebrada en Estrasburgo. Esta medida responde a uno de los dos suplicatorios enviados por el Tribunal Supremo, lo que permitirá que la justicia española continúe las investigaciones abiertas y, si lo considera necesario, inicie un proceso judicial contra el parlamentario.

Así, el pleno del Parlamento Europeo ha respaldado, mediante votación a mano alzada, el informe elaborado por Mario Furore, eurodiputado italiano del Movimiento Cinco Estrellas integrado en el grupo de La Izquierda. El documento aboga por levantar la inmunidad al líder de Se Acabó la Fiesta, al considerar que los hechos investigados ocurrieron antes de que obtuviera el escaño y que la acusación no guarda relación con su labor parlamentaria ni busca obstaculizar su actividad política ya que, además, Alvise “no era diputado del Parlamento Europeo en el momento de la presunta comisión de los delitos”.

“En este caso, el Parlamento no ha podido determinar la existencia de ‘fumus persecutionis’, a saber, de elementos de hecho que indiquen que la actuación judicial en cuestión se inició con la intención de causar un perjuicio a la actividad política de Alvise Pérez en su calidad de diputado al Parlamento Europeo”, apunta el informe.

Podrá ser investigado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

La comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara ya había recomendado la semana pasada la suspensión de la inmunidad, con 16 votos a favor y uno en contra. El caso principal por el que se le retira la protección parlamentaria está relacionado con el presunto acoso en redes sociales a Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia. Según la investigación, Pérez difundió varios mensajes y fotografías de la fiscal en su canal de Telegram en febrero de 2024, acompañados de comentarios sobre su labor y su papel en la persecución de delitos vinculados a la inmigración.

En la denuncia presentada, se recogieron hasta 1.500 comentarios en el canal de Telegram, algunos de los cuales incluían insultos y amenazas, así como llamadas a dificultar la vida cotidiana de la fiscal o a dirigirse a su domicilio. El Supremo, en la apertura de diligencias, señaló que estos mensajes podrían evidenciar una intención de afectar de manera permanente y profunda la vida diaria de la víctima, especialmente a través del impacto colectivo de los seguidores del eurodiputado. La presidenta del Parlamento Europeo notificará de inmediato a las autoridades españolas la decisión, permitiendo así que el Tribunal Supremo continúe con la causa abierta por posibles delitos de injurias, coacciones y odio.

Este suplicatorio es el primero que ha resuelto la Eurocámara sobre Pérez, pero hay todavía una segunda petición pendiente relacionada con presuntos delitos electorales y financiación irregular de su partido. El caso investiga la recepción de 100.000 euros en efectivo por parte de Álvaro Romillo, empresario del sector de las criptomonedas, durante la campaña para las elecciones europeas en las que Se Acabó la Fiesta obtuvo representación. Romillo fue detenido el pasado mes de noviembre tras el hallazgo de una cuenta en Singapur con 29 millones de euros, procedentes presuntamente de un fraude a inversores del Madeira Invest Club. El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza.

Aparte de estos procedimientos, el Tribunal Supremo mantiene abiertas otras causas contra Pérez. Entre ellas, figuran acusaciones por el supuesto acoso a dos eurodiputados de su propio partido y por la difusión de una prueba falsa de PCR atribuida al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un hecho que el propio Alvise Pérez reconoció ante la justicia; y de presuntas amenazas contra José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras.

La retirada de la inmunidad parlamentaria no implica la pérdida del escaño ni supone un pronunciamiento de culpabilidad. El eurodiputado conserva la posibilidad de recurrir la decisión ante la justicia europea, mientras el Parlamento Europeo continúa analizando el segundo suplicatorio remitido por el Supremo.