Durante la gestión de las secuelas jurídicas tras el accidente de Angrois, una denuncia presentada por las víctimas y la eurodiputada Ana Miranda motivó la apertura de un procedimiento de infracción contra España en el ámbito de la seguridad ferroviaria. Ahora, tras el reciente siniestro ferroviario en la estación de Adamuz, en Córdoba, que resultó en 45 víctimas mortales con el descarrilamiento de un tren Iryo y el posterior impacto de un Alvia, Miranda demanda a las instituciones de la Unión Europea respuestas sobre la aplicación de protocolos de seguridad ferroviaria exigidos tras la tragedia de Angrois. Según reportó el medio Europa Press, la eurodiputada del BNG ha remitido nuevas preguntas a la Comisión Europea, cuestionando si las normativas desarrolladas tras Angrois estaban vigentes y se estaban cumpliendo en Adamuz en el momento del accidente.
De acuerdo con la información de Europa Press, Miranda formulan tres interrogantes principales en su escrito dirigido a Bruselas. La primera plantea si las disposiciones de seguridad establecidas tras el accidente de Angrois, que marcó un antes y un después en la normativa ferroviaria española y europea, estaban realmente implementadas en la estación de Adamuz al momento de la tragedia del 18 de enero. La eurodiputada expresa dudas sobre la existencia de una correcta ejecución: “Si hay una normativa para cumplir en materia de seguridad ferroviaria, hay que saber si las normas aplicadas después del accidente de Angrois estaban hoy implementadas. Parece ser que no”, afirma, en declaraciones recogidas por Europa Press.
El escrito de Miranda también interroga a la Comisión sobre si, tras el accidente ocurrido en Adamuz, ya se ha iniciado una investigación formal por parte de la Agencia Ferroviaria Europea. Además, la representante del BNG pide que se aclare si la Comisión Europea va a poner en marcha un nuevo procedimiento de infracción contra el Estado español debido a este nuevo siniestro mortal. Estas preguntas buscan esclarecer los mecanismos europeos de respuesta ante fallas de seguridad y la eventual responsabilidad institucional, indica Europa Press.
En 2019, la Comisión Europea ya había abierto un procedimiento de infracción contra España raíz del accidente de Angrois, luego de una denuncia conjunta de las víctimas y Ana Miranda. Este procedimiento se refería a supuestas carencias en la asunción y aplicación de estándares de seguridad ferroviaria, tema que ahora retoma relevancia tras el siniestro de Adamuz.
Europa Press también recogió las críticas de Miranda sobre la actuación del Partido Popular, al que acusa de “haber sido totalmente indigno en la gestión del accidente de Angrois y que ahora pide dimisiones”. La eurodiputada sostiene que el PP dejó sin apoyo a las víctimas tras esa tragedia, señalando que “no tienen vergüenza, porque dejaron sin amparo a las víctimas”, una declaración que intensifica la polémica política sobre la gestión de las consecuencias y medidas de seguridad en el ámbito ferroviario español.
Asimismo, Miranda dirige su repudio a la reciente decisión judicial que absolvió al exresponsable de seguridad de Adif, entidad encargada de la infraestructura ferroviaria. Al referirse a la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, la representante del BNG manifestó: “Sentimos indignación por la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña”, tal como reportó Europa Press.
Estas demandas y críticas llegan en un contexto en que la seguridad de la infraestructura ferroviaria y la aplicación de las normativas europeas vuelven al centro del debate público, después de un accidente ferroviario con graves consecuencias humanas. De acuerdo con Europa Press, la preocupación de los representantes políticos y de las víctimas se centra en verificar si las lecciones aprendidas de catástrofes previas, como la de Angrois, se han traducido efectivamente en protocolos activos y mecanismos de control que prevengan tragedias similares.
Mientras tanto, la Comisión Europea deberá responder a las preguntas remitidas por Ana Miranda sobre la efectiva implementación de los protocolos de seguridad ferroviaria, el inicio de investigaciones por parte de la Agencia Ferroviaria Europea y la posible reapertura de un procedimiento de infracción ante la recurrencia de incidentes mortales en la red ferroviaria del Estado español, según puntualizó Europa Press.
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