El 'yonki del dinero' vuelve al banquillo por mordidas en contratos de Cultura:"Yo no soy zombie. Los zombies son otros"

La extinción en 2017 de la Fundación Jaume II El Just, cuya desaparición implicó para la Generalitat Valenciana asumir más de 13 millones de euros en pérdidas públicas, ha desplazado el foco hacia la gestión de su exdirectivo Marcos Benavent y la actuación en la concesión de contratos públicos durante gobiernos municipales anteriores. Según reportó el medio, Benavent enfrentó este lunes el juicio oral en la Ciudad de la Justicia de València, señalado por la Fiscalía Anticorrupción como responsable de delitos continuados de cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación en el marco del caso Taula.

De acuerdo con los datos publicados, la acusación versa sobre la presunta manipulación y amaño de contratos atribuidos al área de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2007, en el periodo en que María José Alcón, ya fallecida, ejercía responsabilidades de gobierno municipal. El fiscal sitúa los hechos en el contexto de la adjudicación de obras públicas, centradas en la conservación y restauración de monumentos emblemáticos como La Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad. Además, el caso abarca la construcción del Centro Cultural de la Rambleta y la celebración de la vigésima séptima edición del festival de cine La Mostra.

La Fiscalía reclama para Benavent, conocido como el 'yonki del dinero', seis años de prisión, una multa de 29.000 euros, e inhabilitación para ejercer funciones públicas por varios años. El escrito de acusación sostiene que, a pesar de haber cobrado un salario público mientras trabajaba en la Fundación Jaume II El Just, Benavent destinaba de forma exclusiva sus funciones al Partido Popular, situación que —según recoge el medio— fue reconocida en las declaraciones judiciales por los propios implicados. El fiscal detalla también la "colocación" de Benavent en la fundación con conocimiento de Vicente Burgos, otro exdirectivo que este lunes se sentó en el banquillo como uno de los principales coacusados y para quien el Ministerio Público solicita cinco años de cárcel.

Junto a Benavent y Burgos, se encuentran imputados los empresarios Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent, a quienes la Fiscalía atribuye la obtención de contratos públicos mediante el pago de comisiones ilícitas. Para ellos, la acusación solicita penas de tres años de prisión cada uno. Según recogió el medio, entre las prácticas descritas por el fiscal destaca la existencia de un sistema en el cual Benavent, presuntamente, se encargó de gestionar y repartir comisiones cobradas directamente de las empresas seleccionadas como adjudicatarias, concertando un porcentaje cuyo pago se efectuaba en efectivo tras la adjudicación. El escrito añade que en ciertas ocasiones los costes de las obras resultaban incrementados para poder obtener cantidades mayores en estos pagos irregulares.

El caso incluye elementos como la recepción de regalos, ya que, dentro del proceso ligado al contrato de la Mostra, Enrique Aleixandre habría entregado un vehículo adicionalmente a Benavent, más allá de las comisiones en metálico. Según informó el medio, la Fiscalía solicita al tribunal que Benavent y Burgos indemnicen en conjunto a la Generalitat Valenciana con 164.626,08 euros por los desvíos documentados durante su gestión.

El juicio se desarrolla ante la sección quinta de la Audiencia de Valencia. Benavent llegó al tribunal cerca de las 09:45 horas y, frente a los medios, rechazó la imagen de funcionario autómata: "Yo no soy zombie. Los zombies son otros", declaró ante la prensa, antes de reiterar su implicación profesional tanto previo como durante su paso por Imelsa y la Fundación Jaume II El Just. Además, confirmó: "Claro que trabajaba y ahora lo diré dentro" al ser consultado por sus ocupaciones en la fundación, reafirmando su disposición a exponer estas cuestiones ante el tribunal.

El fiscal resalta en su informe provisional que la Fundación Jaume II El Just nunca fue fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas hasta el año 2016, cuando emitió su primer informe, lo que permitió que los supuestos desvíos y operaciones irregulares se mantuvieran fuera del escrutinio institucional durante varios ejercicios. Además, según consignó el medio, la extinción de la fundación en 2017 implicó la absorción de su deuda por la administración pública valenciana, lo cual agravó el impacto económico del caso.

Esta vista oral se enmarca dentro de la conocida macrocausa Taula, centrada en la corrupción política y el desvío de fondos públicos en el ámbito de la Comunidad Valenciana y cuyo desarrollo judicial ha implicado a decenas de responsables públicos, directivos de empresas y representantes legales vinculados a procesos de contratación pública durante varios lustros.