Vox y el nieto del general Dávila piden la nulidad del cambio de nombre de calles 'franquistas' de Santander

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, expresó su rechazo a la modificación de nombres de calles en Santander durante su estancia en la ciudad, cuestionando además otras medidas como la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. Garriga afirmó que el partido denunciará “todo aquello que vaya en contra del sentido común”, y criticó que las autoridades locales dediquen sus esfuerzos a cambiar denominaciones urbanas o imponer restricciones en la movilidad. A su juicio, los ciudadanos están más preocupados por situaciones económicas y de seguridad que por el nombre de las vías públicas. Estas declaraciones cobran relevancia en el marco de una demanda judicial relacionada con el reciente cambio de nomenclatura de más de una decena de calles asociadas al franquismo en Santander.

De acuerdo con la información recogida por el medio, Vox y Juan de Dios Ávila, nieto del general Dávila, han presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander una petición formal para anular el acuerdo alcanzado en el pleno municipal el 24 de abril de 2025, mediante el cual se acordó modificar la denominación de varias calles consideradas franquistas. Según consta en la demanda judicial, tanto el partido político como el descendiente del general argumentan que la decisión del pleno se fundamenta en “una indebida aplicación” de la Ley de Memoria Democrática.

El texto presentado al juzgado señala que el Ayuntamiento de Santander carece de normativa local específica, como una ordenanza municipal, que defina los procedimientos aplicables a la implementación de la Ley de Memoria Democrática a nivel local. Según publicó la fuente, los demandantes advierten que la aprobación del cambio de nombres se realizó “prescindiendo absolutamente de ningún tipo de procedimiento propio”, lo que, en su opinión, vulneraría los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, además de afectar el principio de confianza legítima en la actuación de la administración pública.

Durante su intervención ante los medios en Santander, Garriga subrayó que los cántabros y los españoles, en su conjunto, enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, mientras las prioridades políticas parecen enfocarse en asuntos como los nombres de calles o la restricción de la circulación. Reprochó a los responsables municipales que, en lugar de atender la inseguridad y las condiciones de vida, “pongan palos a las ruedas a la gente corriente”, incluyendo a transportistas y ciudadanos afectados por la mencionada Zona de Bajas Emisiones. En sus palabras, “lo que exigen es que sus políticos mejoren sus condiciones de vida, reduzcan la inseguridad creciente”.

En sus declaraciones, Garriga también instó a los principales partidos, Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a incorporar hacia los órganos municipales y parlamentarios temas relacionados con el bienestar ciudadano. Sostuvo que Vox continuará defendiendo “el sentido común y el interés general” con la finalidad de preservar el bien común de toda la ciudadanía española, según recogió el medio.

El acuerdo impugnado afecta a más de diez calles de Santander que, según lo aprobado en el pleno municipal, cambiarían de denominación para cumplir con lo establecido por la normativa nacional respecto a la memoria democrática. Vox y el nieto del general Dávila colocan en cuestión tanto el fondo como las formas seguidas para ejecutar estas medidas, resaltando la ausencia de un marco normativo local así como lo que consideran una interpretación errónea de la legislación nacional aplicable.

La demanda, según detalló el medio, se apoya en la afirmación de que el cambio de nombre se realizó sin la existencia de una base normativa municipal concreta, lo cual llevaría a, según los demandantes, la vulneración de garantías jurídicas esenciales para el correcto proceder administrativo. La reclamación promueve así la revisión judicial del acuerdo adoptado por el pleno, buscando su nulidad mediante el argumento de la inexistencia de procedimiento reglado y la ausencia de competencias urbanísticas desarrolladas en la esfera local para este tipo de resoluciones.

En el contexto del debate sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en administraciones locales, la demanda interpuesta por Vox y Juan de Dios Ávila plantea interrogantes respecto al margen de actuación municipal y la suficiencia de la legislación estatal para amparar este tipo de iniciativas cuando no existe regulación urbanística o administrativa propia. Según el texto presentado ante el juzgado y divulgado por la fuente, los demandantes sostienen que esta situación deja en entredicho los criterios de legalidad y seguridad, reclamando un pronunciamiento judicial que pueda sentar precedente de cara a futuros cambios en la toponimia urbana asociados a la memoria histórica.

La controversia en Santander refleja discusiones similares que, a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, se han generado en otros municipios del país respecto a cómo implementar las modificaciones de espacios públicos con referencias al franquismo, en ausencia de una regulación local clara. Vox, por su parte, enfatiza su postura de desacuerdo con la medida y asegura que proseguirá con acciones legales para impedir vías que, en su opinión, no cuentan con el respaldo normativo adecuado ni se ajustan a las prioridades de la ciudadanía.