Acepta casi 11 años de prisión por amenazar y acosar a jueces y abogados en Vigo

En el transcurso de una vista celebrada en la plaza tres de la sección penal de Vigo, R.C.F. reconoció su responsabilidad por delitos como injurias, acoso, amenazas graves, lesiones y daños continuados cometidos contra jueces, abogados y policías en la ciudad gallega. De acuerdo con lo informado por el medio de comunicación, la jueza dictó sentencia firme después de que el acusado admitiera los hechos y aceptara las condiciones de una negociación judicial que rebajó significativamente la petición de condena inicial.

Según publicó la fuente, la pena total a la que se enfrenta R.C.F. asciende a casi 11 años de prisión, junto con multas que suman 9.000 euros. El tribunal dispuso también el abono de indemnizaciones superiores a 6.000 euros. Estas compensaciones corresponden a lesiones infligidas, daños materiales, perjuicios morales y desperfectos provocados en despachos vinculados a parte de las víctimas y en otros inmuebles relacionados. La sentencia incorpora, además, la prohibición expresa de que el acusado contacte o se aproxime a los perjudicados durante un plazo de 5 años.

El proceso judicial, detalló la fuente, comenzó después de que el ministerio público presentara un escrito en el que atribuía al procesado una conducta reiterada y compulsiva que se extendió desde noviembre de 2022 hasta julio de 2023. Durante ese periodo, el acusado remitió en repetidas ocasiones cientos de correos electrónicos a diversas cuentas oficiales y corporativas. En ellos, quedaba patente un ataque directo al honor y la dignidad de varios miembros del poder judicial y de la fiscalía responsables en causas abiertas contra su persona.

La acusación pública planteó que esos mensajes iban acompañados de amenazas graves de muerte, profiriendo insultos e injurias de especial gravedad contra abogados que ejercían su defensa y miembros de la junta del Colegio de Abogados de Vigo. Se trataba de expresiones de gran hostilidad que, según el ministerio público, buscaban menoscabar la labor jurisdiccional de las autoridades afectadas. A raíz del volumen y la naturaleza de estas comunicaciones, el juzgado de instrucción de Vigo impuso la prohibición al encausado de establecer contacto, bajo cualquier medio, con órganos judiciales del partido judicial de Vigo, salvo en los casos en que la propia autoridad acordara su intervención puntual.

Además, informó la fuente, el acoso no se limitó a las comunicaciones electrónicas. Dentro de esta línea de hostigamiento, el ministerio público recogió en su escrito que R.C.F. materializó una agresión física el 19 de julio a uno de los abogados implicados en su defensa. El ataque se produjo a las puertas de los juzgados de Vigo, adonde el acusado propinó un golpe en la cara al profesional, derribándolo al suelo. Los incidentes violentos incluyeron la causación de daños en el edificio donde se sitúa el despacho de la víctima, así como en otro inmueble en el que mantiene su bufete otro letrado involucrado en la causa.

Posteriormente, la Policía localizó al acusado en una terraza de la Plaza de Compostela. La fuente relató que, durante la detención, R.C.F. mostró una fuerte resistencia ante los agentes y, ya en dependencias policiales, ocasionó deterioros en las instalaciones y profirió amenazas hacia los funcionarios encargados de su custodia. El juzgado dictó entonces su ingreso en prisión provisional. Una vez en los juzgados, cuando se le comunicó la resolución, insultó a la jueza de guardia y dañó el mobiliario de la sala de declaraciones, añadió el medio.

De acuerdo con el relato del escrito fiscal recogido por la fuente, la campaña de acoso y amenazas encabezada por el encausado generó un clima de temor y angustia entre los destinatarios, quienes declararon sentir inquietud no solo por su seguridad personal, sino también por la de sus familiares cercanos. La Fiscalía calificó estas acciones como parte de una estrategia de hostigamiento continuo hacia profesionales vinculados a los ámbitos judicial y policial de Vigo.

La vista celebrada permite la reducción de la petición inicial de condena, que ascendía a 25 años de cárcel, gracias al acuerdo alcanzado entre las partes y la admisión completa de los hechos por parte de R.C.F. Entre las medidas adoptadas por el tribunal, además de la prisión y las indemnizaciones, figuran las restricciones de contacto que limitan de forma estricta cualquier tipo de acercamiento o comunicación del acusado con los afectados, detalló la fuente.