A juicio un inquilino de un piso de Barcelona donde la propiedad quiere construir 'colivings'

Txema Escorsa explicó que el fondo de inversión que adquirió el edificio donde reside en el barrio de Gràcia, Barcelona, ya posee más de diez bloques en la ciudad, lo que a su juicio pone en riesgo la vivienda de un centenar de familias ante eventuales desalojos y la posterior reconversión de los pisos en 'colivings', modalidad habitacional donde las habitaciones llegan a alquilarse por entre 800 y 1.000 euros. Según informó el medio, Escorsa compareció este martes ante el tribunal tras haberse negado a abandonar su vivienda, en un proceso judicial que visibiliza la tensión entre residentes y grandes propietarios inmobiliarios sobre los modelos de alquiler y el acceso a la vivienda.

De acuerdo con lo detallado por la prensa, Escorsa señaló ante los medios de comunicación en la Ciutat de la Justícia que su proceso judicial es el primero de los cinco habitantes que permanecen en el edificio, ya que la jueza a cargo no aceptó sus informes de vulnerabilidad con el argumento de que no aportó “la documentación cualitativa” solicitada. El resto de los vecinos, que enfrentan situaciones similares, aún no tienen fecha de juicio. Escorsa solicitó que se le conceda la prórroga obligatoria de tres años, prevista para edificios ubicados en áreas de mercado tensionado, aunque reconoció la falta de pronunciamientos favorables por parte de diversos tribunales: “Lamentablemente, muchos jueces no se están pronunciando a favor”, declaró.

El inquilino también relató que, mientras algunos vecinos optaron por organizarse y resistir en el inmueble, varias familias con menores decidieron marcharse debido al temor y la incertidumbre generada por los posibles procesos de desahucio. Este testimonio da cuenta del impacto social que produce la transformación de viviendas tradicionales en proyectos de 'coliving', impulsados en este caso por fondos de inversión que, según señaló Escorsa, aspiran a fragmentar los pisos para maximizar su rentabilidad mediante el arrendamiento de habitaciones individuales a precios significativamente altos.

La situación desatada en este bloque del barrio de Gràcia ha generado reacciones de colectivos que defienden los derechos de los inquilinos. Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres, expresó que el caso de Escorsa se debe a un vacío en la normativa y criticó la insuficiencia de protección otorgada por la legislación vigente. Según reportó el mismo medio, Arcarazo calificó la situación como “perfectamente evitable”, en la medida en que las leyes relativas a la vivienda no han previsto la regulación del arrendamiento de temporada. También afirmó que se espera la aprobación en febrero de una medida orientada a regular el alquiler de habitaciones y dotar a los inquilinos de nuevas salvaguardas, como la introducción de prórrogas automáticas obligatorias por un periodo de tres años.

El proceso judicial de Escorsa refleja el contexto más amplio de presión inmobiliaria que atraviesa Barcelona y otras ciudades, donde la compra de edificios completos por parte de fondos de inversión coincide con la proliferación de modelos de alojamiento orientados especialmente a estudiantes y jóvenes profesionales, lo cual según detalló el medio, pone en cuestión la asequibilidad y la estabilidad en el acceso a la vivienda tradicional. La intención manifestada por el propietario de transformar el edificio en un espacio de ‘coliving’ con precios de habitación de hasta 1.000 euros acentúa el debate en torno a la especulación y a la falta de políticas que amparen a los residentes habituales frente a estos procesos.

Según la información publicada, la demanda interpuesta contra Escorsa es resultado directo de su negativa a dejar la vivienda ante la iniciativa de reforma impulsada por la nueva propiedad. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los restantes inquilinos del edificio, quienes al igual que Escorsa podrían enfrentarse a juicios similares en los próximos meses, en función de las decisiones judiciales y las estrategias de defensa ante los intentos de desahucio vinculados a procesos de reconversión inmobiliaria en zonas urbanas tensionadas.