Fiscalía pide ocho años de cárcel al capitán y cinco al teniente por las muertes en Cerro Muriano (Córdoba)

El Ministerio Público ha solicitado una indemnización conjunta de 422.174,40 euros para las familias de las dos personas fallecidas durante unas maniobras militares en la base de Cerro Muriano, Córdoba, señalando además que el Estado figuraría como responsable civil subsidiario en este proceso. Esta petición se produce en el marco de la causa judicial relacionada con la muerte del soldado Carlos León Rico y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, quienes pertenecían a la Brigada Guzmán El Bueno X y participaron en un ejercicio el 21 de diciembre de 2023. Según informó Europa Press, que accedió a la calificación del Ministerio Público, y tal como avanzó el diario ‘ABC’, las peticiones de condena y las responsabilidades derivadas del caso han quedado detalladas en el escrito de la Fiscalía.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el Fiscal Jurídico Militar ha solicitado ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco años para el teniente Tato, ambos procesados por sus supuestas acciones en el suceso. El capitán figura como responsable directo por dos delitos contra la eficacia en el servicio, en el sentido de lo establecido en el artículo 77.1 del Código Penal Militar, vinculado igualmente al artículo 142.1 del Código Penal común. Estos delitos se refieren al fallecimiento de los mencionados efectivos militares y tienen como base los artículos 27 y 28 del Código Penal, que determinan la autoría en estos casos.

El escrito de la Fiscalía recoge también que, para el teniente coronel y el comandante implicados en el procedimiento, no se aprecia ninguna responsabilidad penal por las muertes ocurridas durante las maniobras. El Ministerio Público plantea la libre absolución para ambos, incluyendo todos los pronunciamientos favorables, con lo que se descarta su implicación en los hechos investigados.

El medio Europa Press detalló que la reclamación económica para los familiares de las víctimas, establecida solidariamente entre los procesados, se ajustará en función de la vista oral si llegan a generarse incrementos o modificaciones en las cuantías. La Fiscalía especifica que el Estado, según el artículo 121 del Código Penal, quedaría como responsable civil subsidiario frente a la reclamación.

En julio de 2024, el Juzgado Togado Central Número Dos, con sede en Madrid y responsable de la investigación, dictó el auto en el que procesó formalmente no solo al capitán Zúñiga y al teniente Tato, sino también al sargento Castroviejo, al teniente coronel Zanfaño, al comandante Velasco y al coronel Navarro. Posteriormente, de acuerdo con lo aportado por Europa Press, el sargento Castroviejo y el coronel Navarro dejaron de estar procesados tras la revocación de sus imputaciones.

La Fiscalía fundamenta la petición de penas al estimar que la actuación de los dos oficiales principales estuvo directamente vinculada con la muerte del soldado y el cabo durante el ejercicio militar realizado a finales del año pasado. Los hechos atribuidos se enmarcan en delitos que afectan al deber de eficacia dentro del servicio militar, conforme a los preceptos del Código Penal Militar y el Código Penal común.

El caso reúne la atención por el desenlace trágico de las operaciones en Cerro Muriano y la relevancia de los implicados, mientras que el análisis del Ministerio Público destaca la ausencia de indicios suficientes para imputar al teniente coronel y al comandante, asegurando que la responsabilidad penal solo recae en los mandos que participaron material y directamente en los hechos objeto de investigación.

El proceso judicial proseguirá ahora en la fase de vista oral, contexto en el cual las indemnizaciones propuestas y las peticiones de condena podrán experimentar modificaciones conforme a lo que se derive de la valoración probatoria y los alegatos de las partes. Según reportó Europa Press, las familias de los militares fallecidos constituyen el núcleo de la reclamación civil, cuya resolución definitiva quedará supeditada al desarrollo de las actuaciones judiciales pendientes.