Suspenden juicio a okupas detenidos por agredir a alcalde de Burguillos (Sevilla) tras no comparecer acusados

La vista contra los tres implicados por los hechos violentos en Burguillos ha quedado aplazada tras la ausencia de testigos, mientras la Fiscalía pide hasta nueve años de prisión y sanciones por varios delitos incluyendo atentado y amenazas

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La acusación particular sostiene que, el mismo día en que se produjeron las tensiones entre los acusados y los agentes municipales y técnicos de la compañía eléctrica, el alcalde de Burguillos recibió amenazas y fue atacado físicamente cuando varios individuos acudieron a su vivienda. Según Europa Press, el juicio a los tres imputados por estos hechos, ocurrido en marzo de 2022, quedó suspendido temporalmente debido a la ausencia de testigos, lo que imposibilitó la continuación de la vista oral programada esta semana en Sevilla.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, las tres personas juzgadas son de nacionalidad rumana y estaban ocupando irregularmente una casa en Burguillos. Los hechos se remontan al 9 de marzo de 2022, cuando agentes de la Policía Local acudieron, junto a dos técnicos de la compañía Endesa, para proceder al corte del suministro eléctrico de la vivienda, dentro de una política municipal para poner fin a conexiones irregulares. El corte de luz estaba vinculado a la estrategia de la administración municipal para prevenir fraudes en el abastecimiento, dado que los recursos básicos en Burguillos dependen directamente del Ayuntamiento.

Tal como detalló Europa Press, la llegada de los funcionarios derivó en un enfrentamiento. La Fiscalía relata que una de las acusadas se aproximó a los agentes y técnicos actuando con violencia, lo que llevó a un forcejeo con el agente de la Policía Local, mientras le manifestaba declaraciones amenazantes, como "esto no va a quedar así, te voy a meter fuego, ya te cogeremos cuando no tengas esa ropa puesta". El informe fiscal agrega que uno de los acusados intervino también verbalmente, advirtiendo: "suéltala maricón, a ella no la toques, te voy a matar cuando no lleves esa ropa puesta, qué chulo te crees".

Horas después de este incidente, ya cerca de las 23:00, el conflicto se trasladó al domicilio del alcalde, Domingo Delgado, según los documentos revisados por Europa Press. En esa ocasión, el alcalde se encontraba en el tanatorio del municipio, cuando recibió una llamada de su hija. En palabras recogidas por la acusación particular, la hija alertó de que varias personas estaban golpeando y pateando la puerta de su casa y proferían amenazas e insultos. Cuando el alcalde se desplazó a su vivienda junto con su hermano, fue abordado por los acusados y otras personas, quienes lo agredieron físicamente, lanzándolo al suelo y golpeándolo, al tiempo que continuaban las amenazas explícitas contra él y su familia.

La consideración judicial sobre los hechos llevó a la imposición de una orden de alejamiento provisional para los imputados, que les prohíbe aproximarse a menos de 500 metros del municipio de Burguillos. Europa Press informó que el Ministerio Público solicita un conjunto de penas que suman 9 años, 7 meses y 1 día de prisión para los tres acusados, al añadir los tiempos correspondientes a cada delito: atentado a la autoridad, atentado a agente de la autoridad, lesiones leves y amenazas. Además, se solicita una multa de 12 meses y 1 día, con una cuota diaria de 12 euros, y la prohibición de acercamiento a Burguillos durante cinco años.

Según el escrito del fiscal, la acusada enfrenta la petición de 1 año y 6 meses de prisión e inhabilitación para sufragio pasivo, en calidad de coautora de atentado contra agente de la autoridad. Sobre uno de los acusados pesan las acusaciones de coautoría tanto en atentado contra agente de la autoridad como contra autoridad, así como de dos delitos leves de lesiones, lo que deriva en una petición de 2 años y 6 meses de prisión y multas por 10 meses y por 2 meses y 15 días respecto a cada delito leve, fijadas en 10 euros diarios con responsabilidad subsidiaria en caso de impago. El tercer acusado está indicado como coautor del atentado contra autoridad y de los delitos leves de lesiones.

Europa Press consignó que la continuación del proceso queda pendiente de la comparecencia de los testigos, elemento considerado esencial para el avance judicial. Si no se presenta ninguno, podría emitirse una orden de búsqueda para garantizar la continuidad del procedimiento, decisión que corresponde al juez. Mientras tanto, el proceso se mantiene en suspenso hasta que se resuelva la presencia o ausencia de los testigos, aspecto que condicionará la reprogramación de la vista y el desarrollo posterior del juicio.

De acuerdo con la información reunida por Europa Press, tanto la Policía Local como los técnicos de Endesa participaban en actividades operativas para combatir el fraude en el suministro eléctrico, contexto en el que se produjeron los incidentes. Los agredidos, incluido el alcalde, sufrieron distintas lesiones según consta en las diligencias. El Ayuntamiento ha insistido en que el corte de luz formaba parte de una política preventiva para evitar ilegalidades en el uso de recursos públicos y privados en la localidad, sumando así un componente social y comunitario a las medidas legales desplegadas.

La acusación particular destacó que durante la agresión a Domingo Delgado, las amenazas incluyeron la advertencia de incendiar la vivienda, así como la posibilidad de que acudieran más familiares o allegados para involucrarse en el conflicto. Las consecuencias de estos hechos han generado tensión en la localidad y han sostenido la atención sobre los mecanismos municipales para abordar la ocupación de viviendas y el uso irregular de servicios básicos.

Mientras el proceso judicial avanza de manera intermitente y supeditado a la comparecencia de testigos, los acusados no pueden acercarse a Burguillos, ni establecer contacto con el alcalde y su entorno familiar, como establecen las medidas cautelares vigentes. La Fiscalía y la acusación particular han sostenido la petición de penas severas en vista del carácter reiterado de los hechos y la gravedad de las amenazas y agresiones. Las próximas decisiones del tribunal dependerán de la reprogramación de la vista y de la eventual adopción de medidas adicionales para asegurar el desarrollo del juicio, según ha publicado Europa Press.