
Las condiciones de funcionamiento actuales de la aduana comercial de Melilla solo permiten el paso de productos en áreas muy restringidas, principalmente electrodomésticos, lo que ha provocado malestar entre empresarios y autoridades locales ante la inminente celebración de la XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos en Madrid. Según informó la fuente, el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE), Enrique Alcoba, expuso que a casi un año del anuncio oficial sobre la reapertura del puesto fronterizo, realizado el 15 de enero de 2025, la circulación relevante de mercancías sigue completamente paralizada.
De acuerdo con la información recogida por el medio, la principal objeción de la patronal radica en la falta de garantías jurídicas y en la aplicación de condiciones restrictivas impuestas a la importación y exportación, factores que han limitado el intercambio a niveles mínimos. La Confederación de Empresarios sostiene que no se observa ningún tráfico comercial significativo entre Melilla y Marruecos desde el anuncio de reapertura de la aduana, una decisión que pretendía revertir el cierre unilateral decretado por las autoridades marroquíes el 1 de agosto de 2018.
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El escenario actual se produce en vísperas de una nueva cumbre bilateral, programada para el 4 de diciembre, en la que la situación fronteriza entre la ciudad autónoma y el país vecino figura entre los asuntos prioritarios para la delegación española. El medio detalló que ni siquiera durante la Operación Paso del Estrecho de julio se vislumbró reactivación alguna en la actividad del puesto aduanero, y la patronal argumenta que el modelo de gestión instaurado no corresponde ni con los estándares europeos ni con las prácticas habituales en otras aduanas internacionales.
En el ámbito político regional, el Ejecutivo local encabezado por el Partido Popular ha manifestado una postura abiertamente crítica con respecto a la “normalización” defendida desde Madrid. Miguel Marín, vicepresidente primero del Gobierno de Melilla, manifestó que la situación actual representa “una tomadura de pelo”. Subrayó, según consignó la fuente, que la recepción puntual de una o dos camionetas con electrodomésticos usados no se asemeja en nada a la operativa que funcionaba antes del cierre de 2018. A juicio de Marín, el actual puesto no cumple las condiciones ni de una aduana comercial ni de un restablecimiento genuino de los flujos previos, reclamando la reapertura plena del régimen de viajeros y la restauración de las condiciones de paso que regían antes de la interrupción.
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El Gobierno central mantiene una posición diferente a la de las autoridades locales y empresariales. Según publicó la fuente, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, defendió en abril que el sector empresarial tiene acceso al puesto aduanero y afirmó que el tránsito evoluciona hacia la normalidad. Moh precisó que el puesto fronterizo, en funcionamiento desde el anuncio oficial, permite realizar todas las gestiones disponibles en otros puntos de España, y aseguró que los empresarios disponen de una vía operativa para utilizar servicios aduaneros según convenga a sus intereses comerciales.
El medio relató que después del anuncio de reapertura, la Delegación del Gobierno realizó múltiples encuentros con representaciones empresariales para explicar los procedimientos y tratar de facilitar el tránsito de mercancías. No obstante, la percepción del empresariado local se mantiene negativa, debido al carácter limitado de la actividad y a las persistentes restricciones que consideran contrarias a la dinámica económica que la ciudad soportó previamente.
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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, intervino en el debate sobre el flujo de mercancías en mayo, señalando que ya habían atravesado las aduanas de Ceuta y Melilla 3,5 toneladas de productos, una cifra que, contextualizó, se inscribe en el proceso de normalización iniciado después de la carta remitida por el presidente Pedro Sánchez al rey Mohamed VI. En esta carta, Sánchez definió el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara como “la base más seria, creíble y realista para la resolución del conflicto”. Albares recalcó que la reapertura de los puestos fronterizos forma parte del acuerdo político alcanzado en abril de 2022 entre ambos gobiernos, que buscaba restaurar la normalidad plena en el tránsito de personas y mercancías en las fronteras hispano-marroquíes.
Según informaciones recogidas por el medio, la diferencia de perspectivas entre la administración central, el Gobierno de Melilla y los actores empresariales continúa profundizando la incertidumbre de cara a la reunión bilateral en Madrid, donde el asunto figura como uno de los puntos centrales de discusión. El sector privado y las autoridades de la ciudad consideran que tras casi un año de la reapertura pública no se han recuperado las condiciones de movilidad de bienes que existían antes del cierre de 2018, y reclaman mecanismos concretos para desbloquear la situación.
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Esta falta de avance en el restablecimiento del tránsito comercial no solo tensiona la relación entre los diferentes niveles administrativos, sino que también influye directamente en la vida económica y social de Melilla. El comercio transfronterizo forma parte del tejido fundamental de la ciudad, y la persistencia del bloqueo genera incertidumbre tanto entre empresarios como en la población local, que depende en gran medida de la fluidez de la frontera para sus actividades cotidianas.
Los diferentes actores involucrados coinciden, según el análisis del medio, en que la definición del futuro de la aduana comercial está sujeta a las decisiones y acuerdos que puedan alcanzarse en el contexto de las negociaciones bilaterales. Los bloqueos actuales se vinculan a las normativas surgidas como respuesta a la crisis diplomática de 2018 y a modificaciones en la política exterior española dadas a conocer en 2022. En tanto se mantiene este escenario de parálisis, el flujo de mercancías en la aduana de Melilla permanece detenido, aumentando la presión sobre los participantes de la economía local y los responsables gubernamentales, que esperan clarificaciones en el encuentro de alto nivel previsto en la capital española.
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