Absueltos los dieciséis acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle en Llombera (León)

Las familias de los seis mineros fallecidos en el Pozo Emilio del Valle deben ahora considerar otras rutas legales tras la publicación de la sentencia que absuelve tanto a los dieciséis acusados como a las aseguradoras y a la propia empresa Hullera Vasco Leonesa. Según informó Europa Press en base al comunicado del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la resolución llega después de casi once años de espera tras el accidente ocurrido en octubre de 2013 en Llombera de Gordón, León.

De acuerdo con el medio, el Juzgado de lo Penal número 2 de León emitió una sentencia de 505 páginas por la que exonera de toda responsabilidad penal a los dirigentes, ingenieros, técnicos y vigilantes que afrontaron el juicio en marzo de 2023. Este caso surgió a raíz de un accidente laboral registrado a unos 700 metros de profundidad, cuando colapsó una de las bóvedas de la explotación minera debido a un escape de gas, provocando la muerte de seis trabajadores y dejando heridos a otros ocho.

Tal como publicó Europa Press, la decisión judicial implica la absolución de los dieciséis acusados de los delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones por imprudencia. El tribunal también libera de responsabilidad civil directa a las aseguradoras Mapfre España, AMIC Seguros Generales y HDI Hannover Internacional, así como a la Hullera Vasco Leonesa en calidad de responsable civil subsidiaria, al no considerar probada la culpa que se les atribuía en la demanda inicial.

Según detalló Europa Press, la sentencia establece que quienes se consideren perjudicados aún podrían acudir a la vía civil. Esta posibilidad queda abierta debido a que la vía penal resulta agotada tras el pronunciamiento absolutorio. El texto judicial declara también de oficio las costas del procedimiento.

El medio Europa Press recordó que el proceso judicial se extendió en el tiempo por razones ajenas a la voluntad del propio tribunal. El pasado mes de junio, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, señaló públicamente que la retrasada resolución se debió a que la jueza que presidió el juicio había causado baja, y la actual normativa impide que otro magistrado asuma la redacción del fallo en tales circunstancias.

Durante estos casi once años, las familias de los mineros fallecidos aguardaron por una sentencia que determinara si existían responsables penales o civiles a raíz del siniestro. Según consignó Europa Press, el accidente cuya investigación originó este proceso supuso uno de los incidentes más graves en la minería española de los últimos años, tanto por el número de víctimas mortales como por la magnitud del escape de gas y el colapso estructural a gran profundidad.

El pronunciamiento judicial y la resolución de las responsabilidades marcó el cierre de una fase penal en la búsqueda de justicia para los familiares, quienes ahora deben decidir si optan por otras alternativas legales, como la presentación de demandas civiles. La resolución sirve como conclusión del largo trámite penal, aunque no descarta posibles acciones por la vía civil según lo indica el propio fallo, recogido por Europa Press.

La sentencia establece un precedente sobre la duración y el desarrollo de procedimientos judiciales relacionados con accidentes laborales de alta complejidad, especialmente en el sector minero. Según reportó el mismo medio, la intervención de diferentes aseguradoras y la propia empresa en calidad de responsables civiles formaba parte del análisis global de responsabilidades, que finalmente quedaron descartadas por el tribunal leonés.