Condenado a un año y nueve meses el exprocurador del PSOE en Soria, Ángel Hernández, por amenazas a su expareja

La indemnización impuesta a Ángel Hernández incluye pagos por un total de 3.727 euros a dos funcionarios, especificando 3.583 euros para uno de ellos y 144 euros al otro, junto con una multa de 540 euros. Esta medida se suma a la sentencia dictada contra el exprocurador socialista, quien recibió una condena de un año y nueve meses de prisión por delitos relacionados con violencia hacia su expareja y atentado a la autoridad. Según informó el medio, la resolución parte de un acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la acusación y la defensa, lo que llevó a que Hernández asumiera la culpabilidad por los delitos imputados, pero evitara el ingreso en prisión por carecer de antecedentes penales.

Tal como detalló el medio, el Juzgado de lo Penal de la Audiencia Provincial de Soria emitió la condena este miércoles. Hernández, quien además fue concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Soria, recibió nueve meses de cárcel por coacciones, seis meses por malos tratos y otros seis meses por atentado a la autoridad, como resultado de su resistencia durante el proceso de detención. Esta decisión se produjo tras el acuerdo alcanzado en el juicio, durante el cual la defensa del acusado argumentó que aceptar la culpa permitiría evitar una mayor exposición mediática de la víctima.

El medio explicó que, como parte de las restricciones impuestas, Hernández deberá cumplir una orden de alejamiento respecto de la víctima durante tres años. Otras sanciones establecidas por el acuerdo incluyen el abono de las costas procesales y la obligatoriedad de realizar un curso sobre violencia contra la mujer. Durante su intervención en la sala, el acusado manifestó que mantiene "la conciencia tranquila", negó haber cometido delito alguno y recalcó su decisión de reconocer los cargos para evitar el sufrimiento añadido a la víctima.

El caso contra Hernández se remonta a febrero de 2024, cuando fue arrestado por, presuntamente, amenazar a su expareja y golpear la puerta del domicilio donde residía, según consignó la fuente. La víctima pertenece al cuerpo de la Policía Nacional. Tras el episodio y al resistirse a la detención, Hernández fue llevado al hospital de Soria debido a su estado de nerviosismo antes de ser trasladado a instalaciones policiales. El medio relató que, como consecuencia de los hechos policiales y del proceso judicial subsecuente, Hernández renunció tanto a sus funciones en la agrupación socialista como a su puesto en el consistorio municipal.

Según publicó el medio, la decisión judicial pone fin a un proceso en el que las partes implicadas alcanzaron un acuerdo, evitando así la celebración íntegra del juicio oral. Hernández fue condenado por la suma de tres delitos: coacciones, malos tratos y atentado a la autoridad. De acuerdo con la información difundida, debido a la inexistencia de antecedentes penales, cumplirá el resto de la condena en libertad, siempre sujeto a las limitaciones judiciales que se le han impuesto, entre las que sobresalen la prohibición de contacto con la víctima y la indemnización a los funcionarios afectados.

El medio añadió que, en su declaración, Hernández reiteró que la decisión buscaba evitar un proceso largo que pudiera perjudicar emocionalmente a la persona afectada por los hechos. También reconoció que aceptó la responsabilidad legal como forma de dar por cerrado el asunto, a la vez que manifestó disconformidad con la consideración de culpabilidad sobre su conducta.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas por el medio, la pena de prisión, a repartir en tres periodos —coacciones, malos tratos y atentado a la autoridad—, no comporta ingreso en la cárcel al tratarse de una condena inferior a dos años y haberse producido bajo circunstancias reconocidas por la legislación española para la suspensión de la ejecución. Por último, los compromisos derivados de la sentencia incluyen el seguimiento de programas orientados a la prevención de la violencia de género.