El Tribunal Supremo ha contestado a la Fiscalía Europea que "hasta el momento" no tiene constancia de que "ninguna" de las once obras que investiga en el marco de la causa relativa a los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y José Luis Ábalos haya comprometido fondos de la Unión Europea, aunque ha señalado que "evidentemente no puede tampoco descartarse dicha eventualidad".
El magistrado Leopoldo Puente se ha pronunciado así en una providencia dictada este mismo lunes después de que la Fiscalía Europea le solicitara información sobre las obras que están bajo sospecha en el denominado 'caso Koldo'. El órgano comunitario acudió al alto tribunal español para verificar si los contratos en los que indaga coinciden con una denuncia que recibió por parte de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
El instructor ha indicado que "al menos hasta este momento" no hay indicios de que las obras que investiga en el 'caso Koldo' haya sido sufragada con fondos europeos "ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza transfronteriza", por lo que ha descartado la competencia de la Fiscalía Europea para asumir por ahora una investigación sobre dichas obras.
Al hilo, el magistrado ha explicado que, aunque se hubiesen podido ver comprometidos fondos europeos, este procedimiento se centra en la presunta existencia de "sendas organizaciones criminales integradas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que, a través de posible delito de cohecho y valiéndose de la influencia de aquéllos, tendría por objeto la adjudicación de determinadas obras públicas, con entera independencia de los fondos que pudieran ser empleados en ellas".
LAS OBRAS, EN UNA PIEZA SEPARADA
En el marco de la resolución, Puente ha recordado que el pasado septiembre abrió una pieza separada para investigar la parte referida a obras públicas, en la que están investigados Cerdán, Ábalos y el exasesor ministerial de éste, Koldo García, así como seis empresarios, incluido el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.
La pieza principal, por su parte, versa sobre los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia, y --según apuntó el magistrado el día que acordó abrir la pieza separada-- está a punto de concluir.
En su respuesta a la Fiscalía Europea, el instructor ha mencionado las once obras públicas --relativas a Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Murcia y Teruel-- en las que indaga hasta el momento en la pieza separada, tanto las adjudicadas por Adif como las relativas a la Dirección General de Carreteras, "sin perjuicio de que se incorporen otras en el futuro".
Asimismo, ha avisado al órgano comunitario de que está pendiente de recibir un informe que encargó a la Intervención General del Estado sobre dichas adjudicaciones de obra pública.
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