El PP defenderá este martes en el Congreso una propuesta para que el Tribunal de Cuentas revise la subvenciones concedidas a Bildu en las últimas elecciones municipales para ver si cumple la previsión legal que impide financiar a formaciones políticas que llevan a condenados por terrorismo en sus listas, algo que rebate el Ministerio del Interior alegando que todos los candidatos de la coalición abertzale firman un escrito renunciando a la violencia para lograr fines políticos.
El debate tendrá lugar en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en la que el PP pide que la institución que preside Enriqueta Chicano realice "una fiscalización de los adelantos de subvenciones percibidos por EH Bildu como ingresos en las elecciones locales del día 28 de mayo de 2023" que complete el informe correspondiente que se hizo en su día sobre los gastos de campaña de aquellos comicios.
Esta controversia se suscitó a finales de febrero en el seno del Tribunal de Cuentas cuando el Pleno discutía la aprobación del informe, ya que cuatro de los consejeros, propuestos en su día por el PP, recordaron que en esos comicios Bildu incluyó a 23 candidatos que habían cumplido condenas por delitos de terrorismo y remarcaron que el artículo 127.4 de la Ley Electoral prohíbe dar subvenciones a formaciones que integren a condenados por terrorismo, salvo que hubieran "rechazado públicamente los fines y los medios utilizados".
VOTO PARTICULAR DE CONSEJEROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
En un voto particular recogido por Europa Press, estos consejeros argumentaban que el Tribunal de Cuentas tenía que bloquear el abono de las subvenciones electorales a Bildu hasta asegurarse de que sus candidatos condenados por terrorismo ratificaban su rechazo a la violencia.
Sin embargo, en el Pleno del Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano se impuso el criterio de la mayoría, que considera que la certificación del rechazo al terrorismo no es una tarea del fiscalizador, sino de que quien abona las subvenciones, que es la Dirección de Política Interior del Ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska.
El PP recogió el guante y, además de pedir la comparecencia en el Congreso de la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo Sanz, pidió explicaciones a Interior por este asunto y reclamó el "expediente completo de las subvenciones percibidas por Bildu por concurrencia a las elecciones municipales de 2023, desglosadas por todos los conceptos".
1,3 MILLONES EN SUBVENCIONES
En su respuesta, Interior explicó que, conforme a le ley, había abonado a Bildu el anticipo del 30% que había pedido la formación abertzale para la campaña electoral de mayo de 2023 y que meses después, ya en noviembre, desde el fiscalizador se les recordó que entre los candidatos municipales de esa coalición había personas con condenas por pertenencia o colaboración con la banda terrorista ETA.
Ante eso, Bildu remitió declaraciones individuales firmadas por todas las personas incluidas en la relación enviada por el Tribunal de Cuentas, fechadas con anterioridad a la proclamación de candidaturas, en las que se deja claro el rechazo a la violencia.
"Como desarrollo de los principios y valores del Código Ético firmado, donde por un lado el diálogo, la negociación y el acuerdo son la base de cualquier método de trabajo y, por otro, el máximo respeto mutuo es la base entre quienes conforman la comunidad de EH Bildu así como con el resto de la ciudadanía, declaro que, hago mías las bases ideológicas y objetivos políticos de EH Bildu, rechazando con ello cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación a cualquier derecho humano y al uso de la violencia para la consecución de objetivos políticos", recoge el texto firmado por los candidatos de Bildu.
Así las cosas, Interior daba por cumplido el requisito legal del rechazo al terrorismo y comunicó al Tribunal que había adoptado las medidas pertinentes para el abono de las subvenciones reclamadas por la formación que lidera Arnaldo Otegi.
Y ahora las Cortes deberán decidir si el Tribunal de Cuentas debe comprobar si se ha cumplido la ley de financiación de partidos en relación con Bildu, una propuesta que puede salir adelante ya que el PP y Vox suman mayoría absoluta en la Comisión Mixta.
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