La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido al Ayuntamiento de València y a la Fundación València Activa información de contratos suscritos por el concejal de Patrimonio y exsegundo teniente de alcalde y exedil de Empleo, Parques y Jardines, Juan Manuel Badenas (Vox), según ha avanzado eldiario.es y han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.
Los agentes han cumplido así con un requerimiento que parte de Fiscalía de Valencia y su actuación se ha concretado en requerir a Intervención municipal y a la entidad dependiente del consistorio contratos que afectan a Badenas.
Precisamente este mismo miércoles se ha conocido que Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias por posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental por un contrato de patrocinio por un importe de 14.500 euros más IVA adjudicado por el actual concejal de Patrimonio y que exsegundo teniente de alcalde y exedil de Empleo, Parques y Jardines, Juan Manuel Badenas, a una entidad editorial.
Con anterioridad, el pasado 27 de marzo se hizo público que la Fiscalía Provincial había incoado diligencias a raíz de las denuncias interpuestas por Compromís y PSPV contra Badenas por supuestas irregularidades en contratos de la fundación València Activa.
Compromís y PSPV presentaron denuncias los pasados 28 de febrero y 4 de marzo, respectivamente, aportando audios y documentación que hacían referencia a la posible manipulación de contratos públicos y un supuesto "espionaje" a grupos políticos municipales desde la fundación que dependía de Badenas al ser entonces el edil de Empleo.
En esa incoación de diligencias, fechada el pasado 12 de marzo, Fiscalía señala que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental. Fiscalía acordaba practicar "cuantas actuaciones sean necesarias" para determinar los hechos denunciados.
Los ediles Juanma Badenas y Cecilia Herrero y miembros del equipo de gobierno de María José Catalá dejaron en marzo la formación que preside Santiago Abascal y quedaron integrados como concejales no adscritos. Posteriormente, Vox decidió readmitirlos tanto en el partido como en su grupo municipal en el Ayuntamiento y el equipo de gobierno de València quedó reconfigurado con una nueva estructura en la que Badenas se encarga de Patrimonio y Herrero de Responsabilidad Patrimonial.
La investigación de Fiscalía por posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental conocida este miércoles surge a raíz de una denuncia que en su día presentó el PSPV en el consistorio por un contrato de patrocinio por un importe de 14.500 euros más IVA adjudicado por Badenas.
Según denunció el PSPV, ese contrato era para celebrar unas jornadas en un acto único Madrid con una entidad editorial de un diario digital. Desde el PSPV se advertía en la denuncia que estas jornadas "no tenían ninguna vinculación con València y, por tanto, tampoco ningún interés para la ciudad".
Aun así, el importe del contrato de patrocinio fue de 17.545 euros (14.500 euros más el 21% correspondiente del IVA) "tan solo 500 euros por bajo del límite previsto por ley para que la Administración pudiera contratar con la editorial sin venir obligada al procedimiento de publicidad y concurrencia competitiva", se advierte.
La entidad editorial, según denuncia el PSPV, intentó justificar el presupuesto del evento en el "retorno de la imagen del área de parques, jardines y espacios naturales" del Ayuntamiento de València. Sin embargo, se agrega, las anteriores ediciones de las jornadas apenas llegaron a las 5.000 visualizaciones en su conjunto.
ENTREVISTA A BADENAS
Por otro lado, el contrato de patrocinio sufragado a cargo del Ayuntamiento incluyó el pago de 4.500 + IVA en concepto una video-entrevista que la editorial realizaría a Badenas. "Todo ello pese a que esta actuación esté expresamente prohibida por la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de la Comunitat Valenciana de publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas a cuyo cumplimiento viene obligado tanto el Ayuntamiento como la entidad editorial", se apostilla en la denuncia.
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