La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha vuelto a afear al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, la falta de un nuevo reglamento de la Carrera Diplomática, denunciando que como consecuencia de ello aún se sigue aplicando parcialmente regulación que se remonta al año de 1955 bajo el régimen franquista.
Lo ha hecho en una carta que su presidente, Alberto Virella, ha enviado a su homólogo de la Asociación Sindical de Diplomáticos Portugueses para fecilitarle precisamente por la aprobación por parte del Ejecutivo luso de un nuevo Estatuto de la Carrera Diplomática que satisface muchas de las reivindicaciones que los diplomáticos españoles llevan reclamando desde hace tiempo.
En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Virella lamenta que en el caso de España los diplomáticos están aún "lejos de lograr esas condiciones". "A día de hoy sigue parcialmente vigente una regulación de 1955, es decir, de esa época en que nuestros países sufrían sendas dictaduras", ha recordado.
"Ha sido con alegría que hemos comprobado las conquistas profesionales, sociales y, también, respecto a la unidad familiar que quedan reflejadas" en el nuevo estatuto portugués, al que deberá seguir ahora un desarrollo reglamentario, puesto que "muchas de ellas sitúan a la carrera diplomática portuguesa más próxima al trato que recibe la gran mayoría de los servicios diplomáticos de los demás países de nuestro entorno y, en particular, de la Unión Europea, incluido el Servicio Europeo de Acción Exterior, que todos contribuimos a sufragar", reza la carta.
LOGROS QUE LOS ESPAÑOLES QUIEREN PARA SÍ MISMOS
Entre los logros alcanzados por sus colegas lusos y que los diplomáticos españoles desean para sí mismos, el presidente de la ADE cita que "el Estado asuma la responsabilidad de que el derecho a la educación de los hijos de los funcionarios diplomáticos sea efectivo" con independencia de los cambios de país, y "el pago de los billetes anuales" tanto para diplomáticos como para personas dependientes de ellos para que puedan volver al menos una vez al año a su país.
También, se hace especial hincapié en las "muy importantes medidas de apoyo a los cónyuges y parejas de hecho, que sacrifican sus vidas profesionales por acompañarnos por el mundo", celebrando que el estatuto luso "les concede el derecho a un puesto de trabajo en las unidades del servicio exterior" en las que esté destinado el diplomático.
Asimismo, se congratulan de que esté previsto que si interrumpen su actividad profesional, el Ministerio de Exteriores pague sus cotizaciones a la Seguridad Social, "a efectos de sus futuras pensiones y también pueden solicitar un permiso sin sueldo para acompañar al diplomático, sin que ello interrumpa el cómputo de la antigüedad en su carrera profesional en la Administración".
EL NUEVO REGLAMENTO, TAREA PENDIENTE DE ALBARES
La reclamación de un Reglamento de la Carrera Diplomática por parte de la ADE nueva, pero ha cobrado intensidad en los últimos meses, después de que la asociación, que aglutina a la mayoría de diplomáticos, haya criticado la falta de criterios objetivos por parte de Albares a la hora de nombrar y cesas a embajadores, entre otras cuestiones.
En realidad, es una tarea pendiente del titular de Exteriores desde que hace tiempo. A la Ley de Acción Exterior de 2014 le siguió un Reglamento de la Carrera Diplomática ese mismo año que el Tribunal Supremo revocó en 2017, al considerar que no se había realizado con la preceptiva consulta a los sindicatos.
Cuando Albares llegó al Ministerio en julio de 2021, su antecesora, Arancha González Laya, ya tenía elaborado un borrador de reglamento que se había sometido a audiencia pública y que había terminado en noviembre de 2020. Dicho texto estaba a falta del aval del Consejo de Estado, algo que se produjo con posterioridad, con el actual ministro ya en el cargo, pese a lo cual aún no ha visto la luz.
El argumento esgrimido para este retraso por parte del Ministerio es que se está a la espera de saber si el texto cumple con lo previsto en el proyecto de ley de la Función Pública de la Administración del Estado, todavía en trámite parlamentario.
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