Madrid, 9 dic (EFE).- La asociación Impulso Ciudadano ha presentado este lunes en el Senado, en un acto junto a dirigentes del PP, una propuesta para que se legisle a nivel estatal en política lingüística, y contrarrestar así a favor del castellano las normas autonómicas que favorecen el uso de otras lenguas oficiales.
Varios ponentes de Impulso Ciudadano han esgrimido durante sus intervenciones que echan en falta una legislación estatal en la materia, en presencia del presidente del Senado, Pedro Rollán; la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, entre otros representantes del partido que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.
Rollán ha agradecido a Impulso Ciudadano haber elegido el Senado para presentar su último informe sociolingüístico y ha puesto como ejemplo durante su intervención que si un andaluz vive en Cataluña ha de tener "el derecho a elegir que sus hijos puedan aprender en castellano sin necesidad de ser señalado o discriminado".
José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, una asociación con sede en Barcelona, ha opinado que existe una tendencia a "imponer el monolingüismo" en las comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales, en detrimento del castellano.
Esto ha ocurrido, a su juicio, pese a que "el único derecho lingüístico constitucional expresamente reconocido sea el de usar el castellano", por lo que "corresponde al conjunto de las instituciones públicas y en especial a la Administración General del Estado garantizar, sin trato discriminatorio, el derecho de usar el castellano".
En ese sentido, Domingo ha indicado que echa de menos que las instituciones estatales no hayan impulsado "una política lingüística nacional" para desarrollar el precepto de la Constitución, mientras que las comunidades con otra lengua oficial sí tengan leyes de política lingüística.
De forma similar lo han indicado en sus exposiciones el filósofo y pedagogo Jesús Rul; el jurista Rafael Arenas, y la historiadora Ana Losada, miembros también de la directiva de Impulso Ciudadano.
Rul ha señalado que el 96 % de los residentes en España habla castellano; el 14,7 % inglés y el 14,2 % catalán, y que el castellano es la lengua materna de más del 80 %, y la entiende y habla bien el 99,5 %.
Por su parte, Arenas ha apuntado que los requisitos lingüísticos para los empleos públicos en cada comunidad no pueden convertirse en "barreras de entrada encubiertas" y ha opinado que las políticas de promoción del uso de una lengua son ilegítimas, porque solo cabrían políticas de promoción del conocimiento.
Losada, tras considerar imprescindible una ley nacional sobre los idiomas en la enseñanza, ha abogado por garantizar la lectoescritura en la lengua materna del alumno hasta los 7 u 8 años. EFE
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