El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos Raúl Martínez ha asegurado hoy que su partido busca un "encaje legal" a su propuesta de enmienda para que las ayudas a las ONG de inmigración vayan exclusivamente a la "inmigración legal".
La semana pasada el PP dio marcha atrás al acuerdo con Vox que exigía a su socio la retirada de los convenios con tres entidades, Burgos Acoge, Accem y Atalaya Intercultural, para aprobar los presupuestos. Estos tres acuerdos suponen 119.500 euros, una cantidad "muy pequeña" en relación a los 250 millones de presupuesto, y ha apuntado que es "esencial" sacarlo adelante.
La iniciativa de Vox es exigir a las organizaciones que atiendan solo a los migrantes con situación "legal" y no a la población que llega a Burgos y que no tiene regularizada su presencia en la ciudad.
Martínez ha recordado que desde Vox tienen la "directriz de no favorecer la inmigración ilegal".
La semana pasada, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, anunció que el Consistorio daba marcha atrás y firmaría los convenios con las tres entidades que trabajan con migrantes por "propio convencimiento" y tras el clamor social se produjo tras anunciarse, inicialmente, que las estas tres organizaciones quedaban fuera de las ayudas en
Fue una propuesta de Vox, dejar fuera a estas tres organizaciones, como condición para apoyar los presupuestos del próximo año, una postura que llevó a Cáritas a anunciar que no renovaría el acuerdo con el Consistorio en 2025 si no se daba marcha atrás y se incluía a Accem, Atalaya y Burgos Acoge.
Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, la semana pasada insistió en que la intención de su partido es la de no subvencionar "la inmigración ilegal y el efecto llamada" que puede conllevar.
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