Río de Janeiro, 30 sep (EFECOM).- El déficit de las cuentas públicas en Brasil en los doce meses terminados en agosto bajó 1,11 billones de reales (unos 204.465 millones de dólares o 182.592 millones de euros), el equivalente al 9,81 % del producto interior bruto (PIB) del país, informó este lunes el Banco Central.
Tras caer dos décimas frente al déficit registrado en los últimos doce meses hasta julio (10,01 % del PIB), la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos del sector público brasileño, incluyendo los gobiernos central, regionales y municipales, así como las estatales, se ubicó en su menor nivel en los últimos tres meses.
El déficit fiscal brasileño acumulado en los ocho primeros meses del año subió hasta el equivalente al 9,09 % del PIB, por encima del registrado en el mismo período de 2023 (8,91 %) y casi el doble que el medido entre enero y agosto de 2022 (4,57 %).
El déficit primario, que el Gobierno utiliza como referencia del estado de sus cuentas públicas y que no incluye el pago de intereses de deuda, cayó por cuarto mes consecutivo, hasta el equivalente al 2,26 % del PIB en doce meses hasta agosto.
El déficit primario interanual llegó a ser del 2,52 % del PIB en mayo y cayó al 2,44 % en junio, al 2,29 % en julio y al 2,26 % en agosto.
La deuda pública de Brasil, por su parte, subió en agosto hasta 8,89 billones de reales (unos 1,46 billones de dólares), el equivalente al 78,5 % del PIB, más de cuatro puntos porcentuales frente a la de diciembre de 2023 (74,4 % del PIB).
El Banco Central atribuyó el deterioro de la deuda pública al aumento de los tipos de interés, a la emisión de nuevos títulos, a la depreciación del real frente al dólar y a la ralentización de la economía.
El déficit fiscal y la deuda pública llevan una trayectoria ascendente desde el comienzo de 2023, coincidiendo con el inicio del mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Pese a que el Gobierno del progresista se comprometió con reducir a cero el déficit nominal en 2023, esa meta fue aplazada para 2024 y ahora quedó para 2025 debido al fuerte aumento de los gastos públicos, principalmente en programas sociales. EFECOM
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