
Aunque el aborto es un derecho reconocido por la ley española hasta la semana 14 de gestación —y hasta la 22 cuando la salud de la mujer está en riesgo o en caso de anomalías graves en el feto—, en la práctica quienes deciden interrumpir su embarazo siguen enfrentando obstáculos, sobre todo por la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y porque hay autonomías enteras donde no se practican. En 2024, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, ocho de cada diez interrupciones se hicieron en clínicas privadas, con marcadas diferencias dependiendo de la región: Andalucía y la Comunidad de Madrid derivaron prácticamente todos los casos a esos centros, mientras Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra concentraron la mayoría en la red pública.
Estos datos reflejan que, incluso en los países donde el aborto es legal, siempre parece amenazado y no deja de estar en el punto de mira. En España, el Tribunal Constitucional avaló la ley de plazos en dos sentencias de 2023, pero la interrupción voluntaria del embarazo sigue presente en el debate político de cara a las elecciones del 29 de noviembre. PP y Vox han evitado situarlo en el centro de la campaña y no incluyen referencias explícitas en sus programas, una cautela que algunas organizaciones como la Asociación de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Cataluña atribuyen al amplio respaldo social a este derecho y al coste electoral de cuestionarlo de forma directa.
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La asociación teme que un eventual gobierno de PP y Vox suponga retrocesos en los derechos de las mujeres, aunque esta vez tanto la derecha como la ultraderecha hayan optado por mantener un perfil bajo en su postura respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. “Aprendieron muy bien lo que pasó con [Alberto Ruiz] Gallardón, que dimitió en 2014 tras el fracaso de la reforma de ley del aborto que propuso, y también han estado tanteando con algunos globos sonda durante esta legislatura, y saben que confrontar directamente con este derecho sale caro, porque la mayoría de la ciudadanía está a favor. Además, es uno de los temas clave que une al movimiento feminista tanto para salir a la calle como confrontar el relato en cualquier espacio, y eso tanto el PP como Vox lo tienen claro”, indica a Infobae Silvia Aldavert, directora de esa asociación.
No obstante, añade, ambos partidos siguen estrategias que ya han aplicado países como Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo eliminó hace años el derecho federal al aborto. “Cambian el marco del debate, ya no hablan necesariamente de prohibir el aborto de forma directa, sino que ponen el foco en la natalidad, la familia o el apoyo a la maternidad. Pero esas narrativas pueden tener como efecto cuestionar o limitar el acceso al aborto y los derechos sexuales y reproductivos”, advierte la experta.
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Pero, ¿qué proponen los principales partidos ante las elecciones del 29 de noviembre? La formación liderada por Santiago Abascal habla de la “defensa del derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y fin de la cultura de la muerte”. Vox indica en su programa que garantizará la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y farmacéuticos y potenciará los cuidados paliativos.
“Evita referencias explícitas al aborto, la educación sexual y los derechos LGTBI, y sitúa el debate en torno a la maternidad, la familia y la cultura de la vida. Es una estrategia que busca desplazar la discusión desde los derechos de las mujeres hacia conceptos con mayor aceptación social, aunque el objetivo final es restringir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, sostiene Aldavert. La especialista indica que ese marco discursivo “es un patrón” ya presente en las regiones donde PP y Vox gobiernan en coalición, en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura.
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En estas regiones no se han aprobado medidas que hayan restringido de forma efectiva el acceso al aborto, ya que las reglas principales las fija la ley estatal, pero muchas mujeres se sienten desprotegidas en un sistema que no les garantiza el servicio en sus hospitales públicos y existen iniciativas y discursos institucionales que buscan orientarlas para que continúen con el embarazo.

En Castilla y León, por ejemplo, la interrupción del embarazo solo se realiza en tres hospitales (dos en la provincia de Burgos y uno en Salamanca) y en la web de la Junta figura un documento sobre medidas sanitarias para fomentar la natalidad y apoyar a las familias, conocido como “protocolo antiaborto”. En 2023, el entonces vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, propuso que los médicos de la región ofrecieran a las mujeres que quisieran abortar la posibilidad de escuchar el latido fetal y contemplar una ecografía 4D, aunque las medidas fueron despreciadas por su socio de Gobierno y finalmente no se aprobaron.
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Sin propuesta concreta para modificar la ley
Por su parte, el partido de Alberto Núñez Feijóo evita una referencia expresa al aborto en su programa y propone políticas de apoyo a la maternidad y a la natalidad, con ayudas para las familias, mejoras en el acceso a tratamientos de fertilidad y reproducción asistida. El programa también plantea que el concebido no nacido sea tenido en cuenta para calcular determinados beneficios familiares, y propone ampliar y flexibilizar los permisos por nacimiento.
De forma explícita, Feijóo cuestionó hace unos días en una entrevista en la Cadena SER que las jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de informar a sus padres —posibilidad que permite la ley desde 2023—, pero no presentó una propuesta para cambiar la norma.
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En ese sentido, Aldavert recuerda que una gran mayoría de las jóvenes que atienden en la asociación tienen el apoyo de sus padres para abortar, pero añade que hay otras que no pueden recurrir a su familia. “Si estas adolescentes tuvieran que contar de nuevo con una autorización, muchas de ellas recurrirían a abortos clandestinos, lo que pone en peligro su vida. Sería muy interesante en campaña preguntar directamente a los candidatos qué harán con la ley actual del aborto para que hagan una declaración pública al respecto”, añade.
Frente a ese enfoque, el PSOE y Frente Amplio defienden la incorporación del derecho al aborto en la Constitución como una garantía frente a eventuales retrocesos legislativos o judiciales, aunque su aprobación exige una mayoría parlamentaria reforzada con la que los partidos progresistas no cuentan.
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El Frente Amplio añade una propuesta dirigida a uno de los principales problemas de acceso: garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo se practique en el sistema público. La medida busca corregir una desigualdad territorial persistente, ya que en muchos casos las mujeres deben desplazarse a otra provincia para acceder a la prestación.
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