
A nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre, 32 sacerdotes han difundido un manifiesto que llama a no respaldar opciones políticas que criminalicen la migración, resten importancia a la violencia machista o impulsen la privatización de servicios públicos. El texto sitúa el debate electoral en cuestiones vinculadas con la desigualdad, los derechos humanos y la calidad democrática.
Bajo el título “El Evangelio no nos permite callar”, los firmantes sostienen que su posición parte del trabajo que desarrollan en comunidades afectadas por la precariedad, la exclusión y la pobreza. El documento plantea que el voto exige un ejercicio de “discernimiento” y rechaza la pasividad ante políticas que, a su juicio, perjudican a los sectores con menos recursos.
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La declaración adquiere relevancia en la recta final de una campaña marcada por la disputa sobre la inmigración, la vivienda, la gestión de los servicios públicos y los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI+. Los curas no mencionan a ninguna fuerza política concreta, aunque enumeran criterios que delimitan con claridad las posiciones que consideran incompatibles con el mensaje evangélico.
Migración, servicios públicos y derechos sociales
Uno de los ejes del manifiesto es la defensa de las personas migrantes. Los sacerdotes cuestionan de forma expresa la “criminalización de la inmigración” y proponen políticas de acogida, acompañamiento y regularización para quienes llegan al país.
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El texto también se pronuncia contra las propuestas que, según los firmantes, deterioren la sanidad, la educación u otras prestaciones estatales con el objetivo de favorecer su gestión privada. En ese punto, reclaman servicios públicos suficientes y de calidad, con acceso universal a la vivienda, la alimentación saludable, la atención sanitaria, la educación y la cultura.
La declaración incluye además una defensa de las pensiones adecuadas, las medidas de protección para familias vulnerables y cuidados dignos para las personas mayores. Los sacerdotes vinculan esas demandas con su experiencia en barrios, pueblos, cárceles y otros espacios donde, aseguran, conocen de cerca las consecuencias de la pobreza.
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Los autores del manifiesto piden no votar a opciones que promuevan “ideologías antifeministas, homófobas o patriarcales”. También expresan su rechazo a políticas que dificulten la igualdad entre mujeres y hombres, minimicen la violencia machista o reduzcan los derechos del colectivo LGTBI+.
En la misma línea, el documento cuestiona a quienes desacreditan de manera sistemática las instituciones democráticas o presentan la dictadura como una salida deseable. Los firmantes reclaman una democracia participativa y transparente, con mecanismos de rendición de cuentas, medidas contra la corrupción y garantías para una información veraz.
El manifiesto también se refiere a los discursos públicos. Los sacerdotes piden no apoyar a quienes recurren a bulos y ataques personales contra sus adversarios mediante medios de comunicación o redes sociales. La apelación se produce en un contexto de campaña en el que la confrontación política se trasladó con frecuencia al terreno digital.
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Vivienda, clima y transparencia en la Iglesia
La declaración incorpora críticas a la concentración de riqueza y a la mercantilización de la vivienda y de la alimentación. Los religiosos denuncian que muchas personas reciben recursos insuficientes para alimentarse de forma saludable, mientras otros actores acumulan beneficios en sectores básicos.
También advierten sobre los efectos del abandono de zonas rurales envejecidas y despobladas. Según el texto, esa situación puede facilitar la instalación de industrias y explotaciones que afecten de manera irreversible a las aguas y al medioambiente. Por ello, rechazan el negacionismo climático y defienden una transición ecológica con criterios sociales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llega tras el rechazo del Congreso a decretos clave del Gobierno sobre vivienda.
Los firmantes incluyen una petición dirigida a la propia Iglesia. Reclaman mayor transparencia y una revisión de las inmatriculaciones y del patrimonio eclesiástico. El documento concluye con una invitación a revisar programas y trayectorias de los partidos antes de votar, bajo la premisa de que ninguna formación representa por completo el Evangelio, aunque consideran que no debe apoyarse a una política que “desprecia a los últimos”.
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