Los sacerdotes también cotizan en España y ahora se suman los ortodoxos rumanos: aportarán a la Seguridad Social y tendrán derecho a pensión

El Obispado Ortodoxo Rumano certificará quiénes ejercen como ministros de culto, y quienes llevan años trabajando sin cotizar podrán pagar ahora por ese tiempo para sumarlo a su futura pensión

Un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Romana. (REUTERS/Andreea Campeanu)
Un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Romana. (REUTERS/Andreea Campeanu)
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El Gobierno de España sumará a los ministros de culto de la Iglesia Ortodoxa Rumana al Régimen General de la Seguridad Social, con la posibilidad de que los años trabajados antes de esta reforma también cuenten para su jubilación. La medida, establecida por decreto, se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

La norma asimila a estos clérigos a trabajadores por cuenta ajena, el mismo mecanismo que desde 1977 rige para el clero de la Iglesia católica. Con los años, ese esquema se extendió a los ministros de las iglesias evangélicas agrupadas en la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, a los clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rusa, a los dirigentes religiosos e imames de la Comisión Islámica de España y a los miembros de la Orden de los Testigos de Jehová. El decreto publicado este viernes repite ese modelo para un colectivo que, hasta ahora, carecía de una regulación propia y en muchos casos cotizaba de forma indirecta al amparo de la normativa prevista para los ortodoxos rusos.

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El texto define como ministro de culto a la persona dedicada de forma estable a funciones religiosas o de asistencia espiritual, siempre que la actividad no se ejerza a título gratuito y se desarrolle en territorio español. Para acreditar esta condición, los interesados deberán presentar un certificado expedido por el Obispado Ortodoxo Rumano de España y Portugal, ajustado a un modelo que figura como anexo del decreto.

Qué cubre la protección social y qué queda fuera

La acción protectora reconocida equivale a la del Régimen General, con una sola exclusión: la prestación por desempleo. Las enfermedades y los accidentes que sufran estos religiosos se clasificarán, respectivamente, como contingencias comunes y no laborales, sin distinción según su origen.

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En materia de cotización, la base se fijará según la remuneración total que perciban o tengan derecho a percibir mensualmente, con los topes máximo y mínimo correspondientes al grupo 3 de cotización. El decreto exime a este colectivo de cotizar por contingencias profesionales, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, en línea con el tratamiento que reciben otros ministros de culto ya integrados al sistema.

El reconocimiento retroactivo, la pieza central de la reforma

El aspecto más relevante de la norma es la posibilidad de computar como cotizados los periodos de actividad previos a su entrada en vigor. Esos años podrán usarse para determinar el derecho a la pensión de jubilación, incrementar su cuantía o completar el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a prestaciones por incapacidad permanente o por muerte y supervivencia. En este último caso, el beneficio alcanza únicamente a quienes ya tengan la condición de ministro de culto cuando la norma entre en vigor.

Él era sacerdote y ella monja. Se conocieron trabajando en actividades parroquiales y lo que comenzó como una amistad se transformó en un amor que los obligó a dejar los hábitos. Conoce la historia de Daniel Genovesi y Mercedes Tarragona, quienes 30 años después, siguen juntos.

Para solicitar este reconocimiento, los interesados deberán aportar el mismo certificado del Obispado Ortodoxo Rumano y presentar la petición ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), junto con la solicitud de pensión o, si ya la cobran, el pedido de revisión de su monto. El decreto excluye de forma expresa los periodos anteriores a la inscripción de la Iglesia Ortodoxa Rumana en el Registro de Entidades Religiosas, así como aquellos tramos que coincidan con otros periodos ya cotizados.

El cómputo de estos años afectará el cálculo del periodo de carencia, la base reguladora, la edad ordinaria de jubilación y el porcentaje aplicable a la pensión, aunque en ningún caso podrá elevar ese porcentaje por encima del 100%. Para quienes ya perciben una pensión, el ajuste se limitará a recalcular el porcentaje, sin que pueda reducir el que el beneficiario tuviera reconocido con anterioridad.

El coste de regularizar los periodos trabajados

Acceder a este beneficio no es gratuito. El interesado paga un monto que compensa las cotizaciones que no hizo en su momento, para que esos periodos cuenten de cara a su jubilación. Ese pago, llamado capital coste, no equivale a las cuotas exactas que debió abonar mes a mes hace años, sino a un cálculo actual de lo que le costará al sistema pagarle la pensión extra que esos años le generan.

El pago puede hacerse de una sola vez o fraccionarse en cuotas mensuales durante un máximo de veinte años, con la posibilidad de extender ese plazo si la cuota resultante supera lo que el beneficiario cobraría de más gracias a la aplicación de la norma.

Para las prestaciones de incapacidad permanente y de muerte y supervivencia, el mecanismo es similar: los interesados o sus beneficiarios deberán ingresar la fracción de cuota correspondiente a los periodos reconocidos. El reconocimiento para los ortodoxos rumanos solo se hará efectivo una vez que se abonen las cantidades exigidas, dentro del plazo de un mes desde la notificación.

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