
La huelga educativa en Madrid, que comenzó el 14 de octubre, se enquista y las posturas entre profesores y el Gobierno regional están lejos de acercarse. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso no solo ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la ampliación de los servicios mínimos, sino que ha enviado una instrucción a todos los directores de los centros educativos para que identifiquen a los profesores que no respeten el “deber de neutralidad docente”. En esa instrucción, de 11 páginas, viene un anexo, un formulario, donde los directores tendrán que señalar a los compañeros que, por ejemplo, “transmitan a los alumnos opiniones políticas, ideológicas o sindicales para que las compartan”.
“El centro docente público es de todos y debe ser neutral. Su función es educar, no adoctrinar. Los profesores y los equipos directivos de los centros públicos vienen desarrollando esta labor con profesionalidad y compromiso, también en las circunstancias actuales. Estas instrucciones establecen con claridad lo que no está permitido hacer ante los alumnos, lo que sí está permitido y lo que debe hacer la dirección del centro para garantizar esa neutralidad”, señala la instrucción. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha calificado la huelga de “política, injusta, innecesaria e irresponsable” y ha asegurado que, “frente al éxito con que la presentan sus organizadores, nada más lejos de la realidad”. El seguimiento ha pasado de algo más del 40% en la primera jornada al 6,4% de este martes con varios días, incluso por debajo del 3%, explican desde Educación.
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Tras 37 días de huelga, ahora esta instrucción pide a los directores que identifiquen a los profesores que también “inviten a los alumnos para sumarse a protestas, huelgas, concentraciones, recogidas de firmas o campañas relacionadas con un conflicto”, que hagan “comentarios o señalamientos ante los alumnos o las familias sobre compañeros que hacen huelga o que trabajan”, que usen “los canales de comunicación del centro [Raíces, Roble, EducaMadrid, página web, redes sociales, circulares, correo] para difundir posiciones de parte”, que coloquen “pancartas, carteles, murales o símbolos en espacios de los alumnos” o que incluso “usen reprografía, equipos o material del centro para elaborar o repartir materiales de parte”. También que se identifique la “presencia de personas ajenas a la plantilla en horario lectivo para tratar el conflicto”.
“Estas instrucciones se interpretarán y aplicarán de conformidad con los derechos a la libertad ideológica, libertad de expresión, libertad sindical, derecho de huelga y libertad de cátedra. No innovan el ordenamiento jurídico, ni constituyen por sí mismas fundamento autónomo para imponer sanciones ni amplían las infracciones previstas legalmente”, señala la instrucción. Para Alfredo Marcos, portavoz de CGT y profesor de instituto desde hace 30 años, señala que “nunca había visto una instrucción de este tipo y eso que ha gobernado Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Es una persecución brutal, un amedrentamiento hacia los profesores. Es bochornoso, vergonzoso. Esta instrucción vulnera nuestro derecho de cátedra y de libertad de profesión. Nuestros abogados la están mirando”.
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Sin sentarse a negociar
El Comité de Huelga (CCOO, UGT, CNT y CGT) lleva días intentando que la Consejería de Educación se siente a negociar con los profesores, aunque de momento lo único que ha encontrado por parte del Gobierno regional es rechazo. “Basura sindical”, les llegó a calificar la presidenta Ayuso. ADiMAD, la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid, ya emitió un comunicado de apoyo a la huelga. “Consideramos inadmisible que no se hayan agotado todas las vías de negociación posibles para alcanzar acuerdos que superen un escenario que perjudica a alumnos, familias, docentes y centros”, decía el escrito, que también se refería con dureza a otra instrucción de retirar cualquier mensaje referido a la huelga de las fachadas de los centros.
“A efectos de estas instrucciones, se entiende por adoctrinamiento la utilización de la posición docente o de los medios del centro para imponer, promover o recabar la adhesión de los alumnos a una opción política, ideológica o sindical determinada. Para su apreciación se atenderá al contenido, contexto, reiteración, finalidad pedagógica, edad y madurez de los alumnos, conexión curricular y existencia de presión, descalificación de la discrepancia o petición de adhesión”, señala Educación. Estas instrucciones son de obligado cumplimiento para todo el personal docente, de administración y servicios de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.
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