“¿Qué debo hacer si quiero abortar en el sistema público de salud?, ¿tengo que desplazarme a otra comunidad autónoma?, ¿hasta qué semana puedo hacerlo?”. Estas son solo algunas de las preguntas que muchas mujeres se hacen cuando quieren interrumpir voluntariamente su embarazo, pues a pesar de ser una práctica legal en España, a día de hoy aún sigue habiendo numerosas barreras para acceder a estos servicios, desde la falta de información a la objeción en bloque de los servicios públicos de ginecología o los desplazamientos forzosos de las pacientes a hospitales de otra provincia o incluso de otra comunidad autónoma. Ante esas dificultades y con el objetivo de resolver dudas y dar apoyo a quien no quiera continuar con su embarazo, la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos decidió crear el pasado mes de diciembre la plataforma ‘Quiero abortar’, una web que “pionera y única en España que recibe de media unas 360 visitas diarias”.
En este tiempo les han llegado testimonios como el de Alicia (nombre ficticio), una mujer de 38 años que desconocía que para interrumpir su embarazo debía trasladarse desde Cuenca a Ciudad Real o Albacete, pues son las únicas ciudades de Castilla-La Mancha con clínicas acreditadas para ello. O el de Marta (también ficticio), una joven extranjera que había vivido una situación de maltrato por parte de su expareja en un pueblo de Cádiz y no disponía de tarjeta sanitaria, por lo que no sabía dónde recurrir para acceder de forma gratuita al trámite.
“La principal barrera con la que se encuentran las mujeres a la hora de abortar no solo es la falta de información a nivel oficial desde los diferentes servicios de salud, lo cual genera un estigma aún mayor, sino también la falta de acompañamiento y apoyo emocional en los diferentes procesos y trámites, que cambian dependiendo de la región”, explica a Infobae España la politóloga y activista feminista Silvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, sobre cómo surgió “la necesidad de crear una página web específica con información especializada en cada región”. Una iniciativa liderada por un equipo multidisciplinar que cuenta con ginecólogas, pediatras, enfermeras, comadronas y psicólogas, además de activistas, y que en apenas dos meses ha recibido unas 17.000 visitas y ha asesorado a más de 300 personas.
La ley se reformó en 2023
El aborto en España es legal desde 1985, cuando se despenalizó en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación del feto, si bien no fue hasta 2010 cuando la ley permitió interrumpir libremente el embarazo hasta la semana 14 de gestión. Y a pesar de que la normativa se reformó en 2023, impulsada por el Ministerio de Igualdad, de forma que se eliminó la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años y se reguló la objeción de conciencia, “los obstáculos persisten”, lamenta Aldavert, y la mayoría de las regiones siguen derivando esta prestación a centros privados y “en lugares como Ceuta y Melilla se ven obligadas a trasladarse a Andalucía”. “No estamos consiguiendo poder consolidar la implementación de una ley como la que tenemos”, asegura.
De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, un 80,4% de las 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo que se registraron en 2023 se realizó en centros privados, mientras que solo el 18,5% se llevó a cabo en la sanidad pública, una cifra ligeramente más elevada que la registrada en 2022.
Quirúrgico o farmacológico
Otro de los problemas que ha observado la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos es que en muchas ocasiones las mujeres “no pueden elegir entre el aborto quirúrgico o instrumental y el farmacológico”, pues en muchas autonomías solo disponen de un método, “el que consideran más pragmático o incluso más barato”. “No es que uno sea mejor que el otro, sino que deberían tener la posibilidad de elegir con libertad y a partir de información rigurosa y actualizada”, aclara la experta.
El hecho de que siga habiendo problemas pese a que la ley del aborto reconoce este derecho se debe, sostiene Aldavert, a que “existe una voluntad de controlar el cuerpo y las decisiones de las mujeres sobre su autonomía reproductiva y sexual, pues es el pilar fundamental para luchar contra el patriarcado”. Por eso destaca la importancia de que las autoridades lleven a cabo “un seguimiento y una evaluación” para poder implementar la ley y, en el caso de que se lleven a cabo políticas públicas en contra de la norma, concluye, se sancione a las comunidades autónomas. “La ley garantiza unos derechos fundamentales y no puede haber instituciones que hagan políticas en contra”.
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