Han pasado más de 13 años desde que Luis Bárcenas abandonó la Tesorería del Partido Popular y comenzó a aflorar la documentación sobre la supuesta contabilidad paralela de la formación. En ese tiempo, la investigación sobre la trama Gürtel, los papeles del extesorero y las actuaciones de quienes trataron de controlar la información que conservaba habían abierto distintas vías judiciales. Una de ellas, la conocida como operación Kitchen, ha llevado al banquillo a quienes dirigían el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, acusados de participar en un dispositivo policial para espiar a Bárcenas y hacerse con los documentos que podían comprometer al partido.
El juicio quedó visto para sentencia el pasado 28 de julio, pero la resolución de la Audiencia Nacional podría llegar con un calendario político especialmente sensible. La Cadena SER adelantó en octubre que la Audiencia Nacional manejaba la segunda quincena de noviembre para hacer pública la sentencia, un horizonte temporal que ha podido corroborar Infobae. De cumplirse esa previsión, el fallo coincidiría con la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Aunque no hay una fecha oficial confirmada, la posibilidad de que la sentencia se conozca en esos días devuelve al primer plano un episodio que marcó los últimos años del PP en el Gobierno.
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La operación Kitchen se puso en marcha en 2013, cuando Luis Bárcenas, extesorero del PP, llevaba varios meses en prisión provisional por el ‘caso Gürtel’ y había entregado a la Justicia los documentos manuscritos sobre la contabilidad paralela del partido, conocidos como los papeles de Bárcenas. El antiguo responsable de las finanzas populares aseguraba conservar más documentación y grabaciones que podían comprometer a dirigentes de la formación.
Según la Fiscalía Anticorrupción, desde el Ministerio del Interior se organizó entonces un dispositivo policial clandestino para espiarlo y hacerse con ese material antes de que llegara a los investigadores judiciales. Para ello, los responsables de la operación habrían captado como confidente a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, al que pagaban con fondos reservados a cambio de información sobre los movimientos de la familia.
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La antigua cúpula de Interior, en el banquillo
Ocho personas se sentaron en el banquillo de la Audiencia Nacional, entre ellas Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante el Gobierno de Rajoy, y Francisco Martínez, su secretario de Estado de Seguridad. También fueron juzgados Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía; el comisario jubilado José Manuel Villarejo; Andrés Gómez Gordo, antiguo asesor de seguridad de María Dolores de Cospedal; Marcelino Martín-Blas, exjefe de Asuntos Internos; José Luis Olivera, antiguo responsable de la UDEF, y el propio Ríos. La Fiscalía solicita 15 años de prisión para Fernández Díaz y Martínez, la misma pena que reclama para Pino y Gómez Gordo, mientras que eleva a 19 años su petición para Villarejo.
El juicio comenzó el 6 de abril y quedó visto para sentencia el 28 de julio, tras 37 sesiones. Durante la vista declararon, entre otros, el propio Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y el expresidente Mariano Rajoy, que compareció como testigo y negó haber participado en una operación contra su antiguo tesorero. También declaró María Dolores de Cospedal, que tampoco está acusada en este procedimiento.
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Un caso del pasado de Rajoy que puede volver a la campaña
La posible publicación de la sentencia en plena campaña electoral podría abrir un nuevo frente de confrontación entre PSOE y PP. Para los socialistas, el ‘caso Kitchen’ ofrece una oportunidad de recordar qué ocurrió durante los gobiernos de Mariano Rajoy y de advertir de las consecuencias que, a su juicio, puede tener para las instituciones la llegada de los populares al poder. Una eventual condena de los antiguos responsables del departamento permitiría al PSOE presentar el episodio como un ejemplo de utilización partidista de las estructuras del Estado durante una etapa en la que los populares gobernaban.
Los socialistas ya comenzaron a explotar esa línea de confrontación durante el juicio. Tras la declaración de Bárcenas en abril, la ahora exportavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, calificó la trama Kitchen como el “Watergate del PP” y cargó contra la actuación del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy. Un día después, Ferraz reclamó explicaciones a Alberto Núñez Feijóo y rechazó que la operación pudiera considerarse un asunto ajeno a la actual dirección popular. “La Kitchen no es pasado, es presente”, defendió el PSOE.
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La respuesta del PP ha seguido la estrategia opuesta: circunscribir las responsabilidades a los antiguos responsables del Gobierno de Rajoy y evitar que el procedimiento se convierta en un juicio político a la formación que dirige Feijóo. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, defendió en abril que los hechos se remontaban a “hace cuatro legislaturas” y aseguró que la actual dirección no tenía relación con lo ocurrido. “Ni Sánchez es Filesa ni Feijóo es la Kitchen”, resumió entonces.
La distancia que intenta establecer Génova tiene, sin embargo, algunos matices. Alberto Núñez Feijóo no llegó a la presidencia nacional del PP hasta abril de 2022, después de la salida de Pablo Casado, y no formó parte del Gobierno de Rajoy ni de la cúpula del Ministerio del Interior investigada en Kitchen. Pero ya era presidente de la Xunta de Galicia y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido durante los años en que se desarrolló la operación. También estaban en aquella estructura Cuca Gamarra, actual vicesecretaria de Regeneración Institucional; Javier Arenas y Esteban González Pons, hoy integrantes de la dirección de Feijóo, y otros dirigentes que continúan en los órganos nacionales. Hasta 20 miembros de los actuales órganos ejecutivos populares que ya formaban parte de la dirección del partido durante aquella etapa.
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La controversia tiene además un antecedente que el PP ha utilizado para defender que aquella etapa ya quedó atrás. Los populares sostienen que la salida de Rajoy del Gobierno en junio de 2018 supuso el cierre de aquel ciclo político. Sin embargo, la moción de censura salió adelante tras la sentencia de la primera época de Gürtel, no como consecuencia del ‘caso Kitchen’: la pieza separada que investigó el presunto espionaje a Bárcenas se abrió en la Audiencia Nacional en octubre de ese mismo año.
La sentencia también puede tener una lectura incómoda para los populares por otro motivo. Durante estos meses, el PP ha situado la corrupción en el centro de su estrategia de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, al que exige explicaciones por las investigaciones judiciales que afectan a antiguos colaboradores y responsables socialistas. Una condena de antiguos integrantes del Gobierno de Rajoy volvería a colocar a los populares ante la necesidad de responder por un caso de presunta utilización partidista de las instituciones durante su propia etapa en el poder.
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