
La Fiscalía Anticorrupción mantiene intacta su acusación contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y quien fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el juicio por la denominada ‘Operación Kitchen’. El Ministerio Público ha ratificado este lunes su petición de 15 años de prisión para ambos en la recta final del proceso, al considerar que siguen existiendo fundamentos para atribuirles responsabilidades en el presunto operativo parapolicial organizado para obtener información del extesorero del PP Luis Bárcenas.
Con el trámite de conclusiones definitivas, celebrado en la Audiencia Nacional tras finalizar la práctica de la prueba y la declaración de los últimos acusados, el fiscal Anticorrupción César de Rivas no ha introducido cambios en su escrito de acusación y ha confirmado íntegramente las penas que ya solicitaba al comienzo del juicio. Así, además de mantener los 15 años de prisión para Fernández Díaz y Francisco Martínez, la Fiscalía sigue reclamando la misma condena para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y para el comisario Andrés Gómez Gordo.
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La petición más elevada continúa siendo la dirigida contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, para quien el Ministerio Público solicita 19 años de cárcel por su presunta participación en la trama.
Por su parte, Sergio Ríos, el antiguo chófer de la familia Bárcenas al que la acusación sitúa como el confidente captado para facilitar información desde el entorno del extesorero del PP, sigue enfrentándose a una petición de 12 años y cinco meses de prisión. En el caso del exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas, la Fiscalía mantiene la solicitud de dos años y medio de cárcel.
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Las acusaciones reducen notablemente las penas
Frente a la posición invariable de la Fiscalía, la acusación particular y las acusaciones populares sí han modificado de forma significativa sus peticiones de condena respecto a las formuladas al inicio del juicio. La representación legal de la familia Bárcenas ha rebajado sustancialmente las penas que reclama para los acusados. Si al comienzo del procedimiento solicitaba 41 años de prisión para los principales procesados y 33 años para Sergio Ríos, ahora reduce esas peticiones hasta los 17 años y medio de cárcel para los primeros y los 11 años y medio para el antiguo conductor de la familia.

También el PSOE y Podemos, personados como acusaciones populares, han rebajado las condenas que reclamaban inicialmente para los acusados. En el arranque del juicio solicitaban penas de entre 32 y 47 años de prisión para los distintos procesados, aunque durante la sesión de conclusiones definitivas no se ha detallado el alcance concreto de esas nuevas peticiones.
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Dos inspectores quedan fuera del juicio
La modificación de la estrategia de las acusaciones ha tenido además una consecuencia directa sobre la situación procesal de dos de los mandos policiales investigados. Los inspectores jefe de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano han quedado definitivamente fuera del juicio después de que tanto la familia Bárcenas como el PSOE y Podemos retiraran la acusación que mantenían contra ellos.
Hasta ese momento, la acusación particular reclamaba 41 años de prisión para ambos, mientras que las acusaciones populares solicitaban condenas de entre 32 años y cuatro meses y 39 años de cárcel. La decisión ha sido comunicada por la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, durante la sesión celebrada este lunes.
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En cualquier caso, la retirada de esas acusaciones coincide con la posición que la propia Fiscalía había mantenido desde el inicio del procedimiento. El fiscal César de Rivas ha vuelto a ratificar que no acusa ni a José Ángel Fuentes Gago ni a Bonifacio Díez Sevillano, una postura que también extiende al comisario José Luis Olivera, exactamente en los mismos términos que ya recogía su escrito de conclusiones provisionales.
Las defensas mantienen la petición de absolución
La última jornada del juicio también ha servido para que las defensas confirmaran su estrategia procesal. Todos los abogados de los acusados han elevado a definitivas las conclusiones provisionales presentadas antes del inicio de la vista oral y mantienen su petición de libre absolución para sus respectivos clientes, al considerar que durante el juicio no ha quedado acreditada su participación en los hechos investigados.
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El trámite de conclusiones definitivas se ha celebrado después de la declaración de los tres últimos acusados que quedaban por comparecer ante el tribunal —los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano y el comisario José Luis Olivera—, con lo que el procedimiento entra ya en su fase final antes de que la Audiencia Nacional dicte sentencia sobre una causa que investiga el presunto dispositivo parapolicial organizado para obtener de forma clandestina información que obraba en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas.
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