Confiesa haber agredido sexualmente a una niña de 10 años y evita entrar en prisión por la demora del proceso: ocurrió en 2015

El acusado convivía con la menor cuando cometió los tocamientos. La demora de más de una década hasta el juicio se ha aplicado como atenuante y ha reducido la pena solicitada por la Fiscalía

El acusado, de espaldas, este lunes en la Audiencia Provincial de Baleares. (Europa Press)
El acusado, de espaldas, este lunes en la Audiencia Provincial de Baleares. (Europa Press)
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Un hombre ha confesado haber agredido sexualmente a una menor de 10 años en Inca (Mallorca) y ha aceptado una condena de un año de prisión que no tendrá que cumplir, informa Europa Press. El caso ha llegado a juicio más de una década después de los hechos, una demora que las partes consideraron una atenuante muy cualificada.

El acuerdo de conformidad ha tenido lugar en la mañana de este lunes durante la vista previa celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares. La Fiscalía pedía inicialmente tres años de cárcel y una indemnización de 3.000 euros por un delito de abusos sexuales.

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Tras reconocer los hechos, el procesado ha aceptado una pena de un año de prisión y el pago de 500 euros a la víctima. La fiscal y la acusación particular, ejercida por una letrada del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), han considerado que la prolongación del proceso debía tenerse en cuenta como atenuante, ya que los hechos se produjeron en el verano de 2015.

El tribunal ha suspendido la pena de prisión, a petición de la defensa, con la condición de que el condenado no cometa delitos durante los próximos dos años y abone la indemnización en un plazo de dos meses. También deberá cumplir una orden de alejamiento y tendrá prohibido comunicarse con la víctima durante dos años.

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Los hechos, según el escrito de acusación de la Fiscalía, ocurrieron cuando la menor tenía 10 años. El acusado convivía con ella y aprovechó esa situación para llamarla a su habitación y someterla a tocamientos de carácter sexual.

Atenuante de dilaciones indebidas

La atenuante de dilaciones indebidas permite reducir la pena cuando un proceso se prolonga de forma anormal, extraordinaria e injustificada por motivos ajenos al acusado y, según explica a Infobae la magistrada Gloria Poyatos, cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), se trata de una figura de aplicación habitual. A su juicio, esta situación refleja una tensión del proceso penal: las garantías frente al poder del Estado protegen al investigado, mientras que las víctimas pueden quedar en un segundo plano cuando el procedimiento se prolonga durante años. La magistrada sostiene que la demora no contempla el impacto que el procedimiento tiene sobre las víctimas y que, al mismo tiempo, puede traducirse en un beneficio penal para el acusado.

“Tenemos un Código Penal muy enfocado a la protección del procesado, porque históricamente se trataba del procesado frente al Estado y este último siempre tiene una posición superior y de poder. Pero se ha olvidado completamente la protección y el amparo de las víctimas en el procedimiento penal”, señala. Poyatos considera que, en los casos de violencia sexual, la demora judicial supone una carga adicional para quien denuncia y puede acabar en una reducción de la respuesta penal contra el agresor.

Ataques más violentos y agresores de corta edad: así es la violencia sexual en grupo en España.

La violencia sexual que no se denuncia

En muchos casos de violencia sexual, como el que se ha juzgado en Inca, los hechos ocurren en espacios cotidianos y son cometidos por personas conocidas por la víctima, incluso integrantes de su entorno de confianza. La convivencia, los vínculos familiares, las relaciones de cuidado o la cercanía con el agresor pueden facilitar el acceso a la víctima y dificultar que identifique la agresión, la comunique o busque ayuda.

El miedo a no ser creída, el temor al agresor, la vergüenza, la culpabilidad o la tendencia a restar importancia a lo ocurrido pueden condicionar la decisión de denunciar. A ello se suma, en algunos casos, el rechazo a atravesar un procedimiento judicial que la víctima percibe como revictimizante.

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