
La denuncia de Nevenka Fernández en 2001 contra el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, por acoso sexual y laboral, marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de las mujeres en España al lograr la primera condena de este tipo contra un político. Con su valentía, Nevenka desafió a una cultura que no daba espacio a las víctimas y modificó esa mirada colectiva hacia los poderosos, pero también se quedó sola, y esa falta de apoyo y la presión mediática la llevaron a abandonar el país. En ese momento, se organizaron en la localidad leonesa manifestaciones en apoyo al agresor, quien nunca reconoció los hechos pese a la sentencia en su contra.
En la actualidad, tras más de dos décadas de avances legales y sociales en igualdad y protección institucional, la realidad es bien distinta y ahora resulta difícil imaginar una reacción social tan hostil hacia la víctima. Sin embargo, el aumento de denuncias de acoso sexual en el ámbito político y en la Policía Nacional en este último tiempo muestra que el silencio y la complicidad todavía ofrecen refugio al acoso en las esferas de poder y que aún queda mucho por hacer para garantizar entornos laborales seguros para las mujeres, según explican las expertas consultadas por Infobae España.
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“La mayor diferencia respecto al caso de Nevenka es el cambio que ha habido en la percepción de estas denuncias por parte de la sociedad, porque ahora se escucha a las víctimas. En ese sentido, los movimientos Me Too y Yo Sí Te Creo han hecho una gran labor por cambiar parte de la mentalidad que se tiene“, afirma Silvia Díaz Fernández, investigadora del CSIC especializada en violencia de género. Aun así, la palabra de las mujeres sigue cuestionándose con rapidez, advierte, especialmente cuando no encajan en el estereotipo de “víctima perfecta”.

“Si una mujer no actúa como se espera tras denunciar violencia sexual, su testimonio vuelve a ponerse en duda, aunque ahora existe una mayor disposición a escuchar a las víctimas, algo que hace 25 años no ocurría”, insiste.
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Las últimas investigaciones, que afectan a políticos como Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, Manuel Bautista, alcalde de Móstoles (PP), y Francisco Salazar, exdirigente socialista, y a altos mandos policiales como el exjefe de la Policía Nacional, José Ángel González, y el comisario Emilio de la Calle, ponen de manifiesto la persistencia de entornos laborales “extremadamente masculinizados” donde las conductas informales generan espacios inseguros para las mujeres, destaca Díaz Fernández. Y es que a pesar de que hay una mayor representación femenina, a menudo en estos entornos “la violencia sexual y el acoso permanecen ocultos”.

En esa misma línea, Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, sostiene que estos últimos casos reflejan un ejercicio de poder patriarcal que exige sumisión a las mujeres. “Está completamente normalizada la cosificación de las mujeres y usar ese poder para abusar de ellas”, señala. Si bien reconoce avances en igualdad formal y derechos, advierte que la igualdad real todavía está lejos de alcanzarse. Besteiro también apunta que la complicidad entre hombres facilita la protección mutua y limita la efectividad de los mecanismos de denuncia.
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Díaz Fernández coincide en la existencia de una normalización de conductas violentas e intimidatorias que “no deberían tener cabida en ningún entorno” y, en ese sentido, destaca que las generaciones más jóvenes muestran mayor claridad sobre los límites y la aceptación de ciertos comportamientos.
Ridiculizar a la víctima
En la actualidad, añade la investigadora del CIS, cuando una víctima denuncia violencia sexual contra una figura pública, como en el caso de la actriz Elisa Mouilaá con Íñigo Errejón, suele enfrentarse al escrutinio social y a intentos de ridiculización, más aún cuando no cumple con esa condición de “víctima perfecta”. “Ahora dejamos un margen más amplio para escuchar a las mujeres respecto a hace 25 años, pero el margen de creerlas, apoyarlas y acompañarlas sigue estando muy limitado”.
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También recuerda que en muchos casos de violencia sexual suele predominar una visión individualizada, atribuyéndolos a circunstancias personales del agresor, como problemas personales, divorcios conflictivos o situaciones de estrés, lo que desvía el foco del carácter estructural del problema. En lugar de analizar estas conductas como parte de una dinámica opresiva, se tiende a justificar al agresor, “perpetuando un entorno que permite que estos comportamientos persistan”.
Ninguna de las expertas consultadas duda de que surgirán nuevas denuncias de acoso sexual y laboral en la política y las fuerzas de seguridad del Estado, ya que “el poder patriarcal sigue existiendo”. Aun así, coinciden en que cada testimonio, como lo fue el de Nevenka hace más de dos décadas, impulsa la transformación social. El reto, concluyen, ya no consistirá únicamente en escuchar a las víctimas, sino en modificar de manera profunda los entornos donde el abuso permanece encubierto y se acepta como parte de la cultura institucional.
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