
A las puertas de las elecciones generales, la vivienda se sitúa como la principal preocupación de la sociedad española. El malestar general es tal que la crisis habitacional ha desembocado en una huelga general, también vinculada a los salarios y el coste de la vida. El problema ya no se limita a que falten casas, sino a dónde se construirán, qué servicios tendrán y, sobre todo, quién podrá pagarlas.
El país acumuló un déficit de unas 750.000 viviendas entre 2021 y 2025, según el Banco de España, y el año pasado se crearon 240.000 hogares, mientras se terminaron alrededor de 92.000 viviendas. Una brecha cada vez más amplia que presiona los precios y obliga a decidir entre expandir las ciudades o aumentar la altura de los edificios. Construir en horizontal o en vertical.
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La respuesta a esta cuestión afecta principalmente a quienes buscan su primera vivienda. Una promoción en la periferia puede ofrecer más metros cuadrados por menos dinero, aunque a cambio de trayectos más largos, depender del coche y esperar durante años hasta que lleguen los comercios, los colegios o el transporte público. La alternativa, construir en zonas ya consolidadas, acerca a los hogares a los servicios, pero encarece el suelo y masifica los barrios.

El déficit se concentra en las grandes ciudades, aunque también crece en las intermedias
El director del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), Jorge Galindo, sitúa el mayor desajuste entre hogares nuevos y vivienda terminada en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. En volumen, allí está la mayor parte del problema. Sin embargo, advierte que algunas ciudades intermedias acumulan una brecha más amplia en proporción a su población.
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El experto descarta una receta común para todo el país. Mientras Madrid y Barcelona necesitan elevar la construcción, en zonas turísticas como Alicante, Málaga o Baleares pesa además la demanda de compradores no residentes. En esos territorios, sostiene, la respuesta debería incluir más vivienda pública o protegida para evitar que la nueva oferta quede fuera del alcance de quienes viven y trabajan allí.
Además, para Galindo, el debate sobre la falta de suelo suele simplificarse. “En la mayoría de municipios, el problema no es que no exista suelo, sino que tarda demasiado en transformarse”, afirma. Es decir, hay parcelas que podrían albergar viviendas, pero los trámites urbanísticos, las licencias, la urbanización y las infraestructuras alargan durante años el paso desde el plano hasta la entrega de llaves.
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Ese retraso coincide con un mercado inmobiliario cada vez más caro. El Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE) registró una subida interanual del 12,2% en el segundo trimestre de 2026. La vivienda usada se encareció un 12,9% y la nueva, un 7,4%. Para quien no puede acceder a una promoción recién construida, la alternativa de segunda mano tampoco parece una opción.
Galindo sostiene que elevar la oferta puede moderar los precios en un plazo de varios años. No plantea una bajada automática, sino un aumento menor del que se produciría si la construcción continúa por detrás de los hogares nuevos. La evidencia disponible apunta en esa dirección, aunque el efecto varía según el territorio y el tipo de demanda.
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Densificar y “comprar futuro”, la propuesta de Gonzalo Bernardos
El economista Gonzalo Bernardos rechaza que la solución pase solo por expandir las ciudades. Defiende combinar nuevos desarrollos con una mayor densidad en las promociones. A su juicio, los barrios consolidados no bastan para absorber la demanda, pero tampoco tiene sentido urbanizar suelo nuevo con edificios bajos si el objetivo es ampliar la oferta.
“Yo lo que principalmente haría sería aumentar la densificación que hay”, afirma. Bernardos considera que en algunas zonas deberían levantarse edificios de más altura que los habituales, aunque no plantea una fórmula idéntica para todas las ciudades.
Su posición conecta con una realidad que condiciona la compra de vivienda: el precio de una promoción no depende únicamente de que sea nueva. También pesan la ubicación, el perfil del barrio, la calidad de las viviendas y los servicios cercanos. Una promoción junto a zonas de rentas altas puede tener precios elevados desde el inicio; otra situada en un área todavía por desarrollar puede resultar más accesible porque incorpora una expectativa de crecimiento.
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Bernardos compró dos viviendas para alquilarlas en Arcosur, un barrio en expansión de Zaragoza. Según explica, pagó algo más de 200.000 euros por pisos de unos 85 metros cuadrados, con terraza, aparcamiento, piscina y zonas comunes. Su decisión se basó en la diferencia de precio con otras ciudades y en su previsión de que Zaragoza ganaría población y demanda residencial.
“En Arcosur estás comprando futuro y en el centro de Zaragoza estás comprando actualidad, realidad”, resume. Su caso ilustra una lógica frecuente en los nuevos barrios: el comprador paga menos por una vivienda que todavía no dispone de todos los servicios.
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La vivienda más barata puede salir cara si le sumas el coste del transporte
Bernardos reconoce que esa apuesta exige tiempo. También admite que los medios de transporte de un desarrollo reciente no tienen, al menos al principio, las mismas condiciones que los que conectan los barrios de las grandes ciudades.
En su opinión, quien compra en un desarrollo nuevo debe asumir que los comercios, los colegios, los centros de salud y el transporte pueden tardar en alcanzar el nivel de un barrio consolidado. “Igual tienes que esperar entre tres y cinco años hasta que el barrio esté completamente formado y los servicios vengan en mucha mayor magnitud”, señala.
El problema es que ese periodo no tiene el mismo coste para todos. Una familia con dos empleos, hijos pequeños o personas dependientes no mide una vivienda solo por su precio o por el número de habitaciones. También cuenta cuántos minutos tarda en llegar al trabajo, si necesita uno o dos coches y qué gastos asume cada mes para desplazarse.
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En este sentido, Galindo destaca que el orden de los factores importa: “El transporte tiene que llegar al mismo tiempo que las viviendas”, afirma. Su planteamiento pasa por planificar nuevos barrios alrededor de redes de autobús, metro, tranvía o cercanías, de modo que los vecinos no tengan que esperar años para acceder a empleo, estudios o servicios básicos.
La discusión también es quién construye y para quién
Javier Gil, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), introduce otro punto clave en el debate. A su juicio, elevar el número de viviendas no garantiza que las familias de rentas medias y bajas puedan acceder a ellas si la promoción se dirige a la inversión o a compradores con mayor capacidad económica.
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“El objetivo no es construir, sino construir vivienda asequible”, afirma Gil, autor de Generación inquilina. Su propuesta pasa por una mayor intervención pública en el suelo, la financiación y la gestión de vivienda, además de cooperativas y promotores con márgenes de beneficio limitados.
Gil plantea que la cuestión decisiva no es solo cuántas promociones salen al mercado: “Tienes que gestionar quién construye y para qué”, sostiene. El investigador defiende que el sector público asuma un papel más activo, tanto al regular el suelo como al promover y gestionar vivienda. “El sector público tiene que tener un rol central en la gestión y construcción de vivienda”, afirma. Por último, Gil plantea que la oferta nueva debería ajustarse a la capacidad económica de los hogares. “La vivienda que se construya y que se introduzca en el mercado tiene que ser proporcional a los salarios de la población”.
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